En un fallo que busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad, la Justicia argentina ordenó a las empresas de transporte de media y larga distancia cumplir de inmediato con la normativa que asegura el acceso gratuito a sus servicios
La medida surge tras una acción presentada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que denunció incumplimientos por parte de varias compañías del sector.
Un fallo con impacto inmediato
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 resolvió a favor de la CNRT este miércoles, obligando a las empresas de la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) a acatar lo dispuesto en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. Estas normativas establecen la gratuidad de pasajes para personas con discapacidad como un derecho fundamental.
Durante octubre, la CNRT intensificó los controles y emitió cerca de 400 multas a empresas que se negaron a otorgar los pasajes. Según el organismo, estas infracciones están relacionadas con los recientes cambios en el sistema de transporte, que permiten mayor flexibilidad a las empresas para definir rutas, tarifas y horarios.
“La CNRT seguirá recibiendo denuncias de los usuarios ante nuevos incumplimientos y utilizará todas las herramientas legales y administrativas para hacer valer los derechos de los pasajeros”, subrayaron desde el organismo dependiente de la Secretaría de Transporte, actualmente en la órbita del Ministerio de Economía.
Desregulación del transporte: luces y sombras
El fallo llega en medio de un contexto de transformación en el sistema de transporte argentino. En octubre, la Secretaría de Transporte anunció la desregulación del servicio de media y larga distancia, en un intento por modernizar el sector y estimular la competencia. Entre las principales medidas, se permitió a las empresas establecer rutas, tarifas y horarios de manera libre, eliminando permisos especiales y simplificando trámites con la creación de un Registro Nacional del Transporte de Pasajeros.
Aunque estas reformas prometen dinamizar el mercado, también han generado críticas por los posibles efectos adversos, como la desprotección de los usuarios más vulnerables. Desde la CNRT advierten que la liberalización no puede ser una excusa para incumplir derechos esenciales como el acceso gratuito al transporte para personas con discapacidad.
Modernización en debate
Por su parte, la Secretaría de Transporte defiende la medida como un avance hacia un sistema más eficiente y competitivo. Según un comunicado oficial, la desregulación busca “adaptar el transporte a las dinámicas actuales”, reemplazando normativas vigentes desde 1992. Entre las novedades destacan la autorización de vehículos más pequeños, como combis, para trayectos interjurisdiccionales, y la digitalización de registros, que ahora serán de acceso público.
No obstante, la implementación de estas políticas ha generado tensiones. Mientras el Gobierno apuesta a que las reformas amplíen la oferta y mejoren los precios para los usuarios, organizaciones como la CNRT recalcan la necesidad de garantizar que los derechos adquiridos no se vean vulnerados en el proceso.
Un desafío pendiente
El fallo judicial representa una victoria para las personas con discapacidad y sus familias, pero también pone en evidencia los desafíos de equilibrar modernización con inclusión. La CNRT y los organismos de control tendrán la tarea de garantizar que los beneficios de la desregulación no se traduzcan en barreras para quienes más necesitan del sistema de transporte público.
En un contexto de cambios estructurales, el compromiso de las autoridades y las empresas será clave para construir un modelo de transporte que sea eficiente, accesible y, sobre todo, respetuoso de los derechos de todos los argentinos.