Un informe sobre la ejecución presupuestaria nacional al 7 de mayo revela una fuerte reducción del gasto público impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La poda afecta subsidios, obra pública, programas sanitarios, infraestructura escolar, seguridad vial y financiamiento científico.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa del ajuste fiscal y formalizó un recorte del gasto público superior a los $2,4 billones, en el marco de la estrategia del presidente para sostener el equilibrio de las cuentas públicas y alcanzar el superávit fiscal.
Según un análisis elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), procesado por Agencia Noticias Argentinas sobre la ejecución presupuestaria al 7 de mayo de 2026, la reducción neta del gasto asciende a $2.439.416 millones, equivalente al 1,6% del crédito vigente total de la Administración Pública Nacional.
Sin embargo, el informe advierte que detrás del promedio general existen áreas donde los recortes superan el 50% e incluso alcanzan la eliminación total de partidas vinculadas a infraestructura, salud, educación y seguridad vial.
El mayor ajuste se concentró en las Obligaciones a Cargo del Tesoro, con una reducción de $1.470.533 millones, equivalente a una caída del 11,7%. Dentro de ese esquema, el Estado nacional disminuyó en $200.000 millones la asistencia a empresas energéticas, recortó $48.000 millones destinados a empresas educativas y quitó $22.374 millones a compañías vinculadas a obras públicas. Además, otras asistencias financieras sufrieron una poda de $1.198.420 millones.
Uno de los sectores más afectados fue la infraestructura vial. La Dirección Nacional de Vialidad perdió $97.104 millones de presupuesto dentro del Ministerio de Economía. El programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales sufrió un recorte del 98,9%, quedando prácticamente paralizado frente a los $19.499 millones originalmente previstos.
La situación más crítica se registró en mantenimiento y reparación de puentes y estructuras, cuya partida fue eliminada por completo. Los $14.639 millones destinados a ese programa quedaron en cero. También se redujeron fondos para mantenimiento de rutas nacionales ($19.840 millones menos), construcciones viales ($32.336 millones menos) y rehabilitación de calzadas ($13.016 millones menos).
En el área sanitaria, el Ministerio de Salud tuvo una baja presupuestaria de $70.467 millones. El programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud perdió $25.000 millones, lo que representa una caída del 44,7%. A esto se sumaron recortes de $20.000 millones en medicamentos e insumos médicos.
El programa de prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer también quedó alcanzado por el ajuste. La partida sufrió una reducción de $5.000 millones, equivalente al 32,8% de sus recursos.
La educación tampoco quedó al margen. La Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, registró una disminución de $78.711 millones. Los fondos destinados a infraestructura y equipamiento escolar cayeron un 46,6%, con una quita de $21.687 millones.
Además, el Fondo de Compensación Salarial Docente perdió $8.930 millones y el Plan Nacional de Alfabetización sufrió un recorte de $35.288 millones, pese a haber sido presentado como uno de los ejes centrales de la gestión nacional.
La relación financiera con las provincias también mostró un fuerte retroceso. El Ministerio del Interior redujo en $320.711 millones el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, una caída del 55,5%.
En paralelo, se recortaron $4.281 millones vinculados al deporte comunitario y obras de infraestructura deportiva.
En el área de Defensa, el ajuste alcanzó los $48.904 millones. Las principales reducciones impactaron en el alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas: la Fuerza Aérea perdió $16.500 millones, el Ejército $12.622 millones y la Armada $15.220 millones.
En Seguridad Interior, la Dirección Nacional de Migraciones sufrió un recorte de $6.765 millones, mientras que el Servicio Penitenciario Federal perdió $2.814 millones.
El sistema científico también quedó alcanzado por la reestructuración fiscal. El CONICET registró una reducción de $3.281 millones y la CONAE perdió $4.410 millones. Uno de los programas más afectados fue el de investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio, que sufrió una caída del 74,3% de sus fondos.
Asimismo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tuvo una baja de $11.809 millones, incluyendo un recorte del 27,7% en programas destinados a políticas científicas.
El ajuste también impactó sobre otros poderes del Estado. El Poder Judicial sufrió una reducción de $41.452 millones en la Justicia Federal y de $26.843 millones en la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el Poder Legislativo redujo su presupuesto en $14.423 millones, afectando partidas del Senado, la Cámara de Diputados y programas de asistencia social para trabajadores legislativos.
El informe de ASAP expone así la magnitud de la política de reducción del gasto aplicada por el Gobierno nacional, en un contexto donde la administración de Javier Milei sostiene que el equilibrio fiscal es la principal herramienta para contener la inflación y estabilizar la economía, mientras distintos sectores advierten sobre el impacto social y estructural de los recortes en áreas sensibles del Estado.