El levantamiento del secreto de sumario en una de las causas derivadas del denominado lo“rulo” financiero del dólar blue dejó al descubierto un presunto esquema de sobornos y “gestoría paralela” para liberar importaciones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). La investigación, encabezada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, apunta a una estructura que habría operado entre 2022 y 2023 cobrando retornos millonarios a empresas para acelerar aprobaciones en medio de las restricciones cambiarias.
La causa avanzó tras los peritajes realizados sobre los teléfonos celulares de Martín Migueles, ex socio y allegado del financista Elías Piccirillo. De acuerdo con el expediente judicial, los mensajes y audios analizados revelaron la existencia de una red integrada por intermediarios, abogados y supuestos contactos internos dentro del Estado que facilitaban la aprobación exprés de importaciones a cambio de pagos ilegales.
Según la investigación, las coimas oscilaban entre el 10% y el 15% del valor total de las operaciones comerciales. Los montos se calculaban en función del dólar oficial o del dólar blue, dependiendo de cada acuerdo particular.
En uno de los audios incorporados al expediente, Migueles explica el funcionamiento económico del esquema: “A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13”. Para la Justicia, esos intercambios evidencian no solo el cobro de retornos, sino también márgenes de ganancia adicionales que retenían los intermediarios.
Durante el período investigado, el sistema SIRA se convirtió en una herramienta central para administrar el acceso a dólares oficiales destinados a importaciones. En un contexto de fuerte escasez de reservas del Banco Central, miles de empresas denunciaban demoras de hasta 90 o 120 días para obtener autorizaciones, situación que afectaba cadenas productivas y abastecimiento.
La causa sostiene que las empresas que pagaban las “gestiones” obtenían aprobaciones en apenas una semana o diez días, evitando los largos plazos burocráticos que enfrentaban el resto de los importadores.
Uno de los nombres que aparece en las conversaciones es el de Ariel Germán Saponara, abogado con antecedentes laborales en el Gobierno porteño y presuntamente vinculado actualmente a Presidencia de la Nación. Según los chats incorporados al expediente, Saponara consultaba por contactos capaces de “liberar” declaraciones de importación vinculadas a autoelevadores y repuestos industriales.
Otro actor señalado es Héctor Ezequiel “Pipo” Caputto, identificado por los investigadores como uno de los encargados de canalizar las solicitudes hacia funcionarios o áreas con capacidad de aprobar expedientes. En un audio analizado por la Justicia, Caputto describe con crudeza la operatoria: “Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro”.
La investigación también reconstruyó parte de la presunta ruta del dinero. En uno de los casos vinculados a la empresa Neme S.A., Migueles habría dado instrucciones precisas para concretar la entrega de efectivo en oficinas ubicadas sobre Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Antes del levantamiento del secreto de sumario, el juez Lijo ordenó allanamientos y medidas de prueba sobre financistas y operadores presuntamente vinculados al circuito ilegal. Entre los investigados figuran Gonzalo “Gonzalote” Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro “El Turco” Calian.
Fuentes judiciales indicaron que actualmente hay más de 50 personas y empresas bajo análisis, mientras el fiscal Picardi continúa rastreando a otros intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos de “Pato” y “La Señora”. Esta última figura aparece como una pieza sensible dentro del expediente, ya que podría haber ocupado cargos jerárquicos vinculados al área de Comercio o sectores con poder de aprobación final sobre importaciones.
La investigación promete profundizarse en las próximas semanas debido a que los peritajes tecnológicos continúan revelando nuevas conversaciones, movimientos financieros y nombres de empresas importadoras que habrían pagado estos “peajes” para sostener su actividad durante las restricciones cambiarias del último cepo.
El avance de la causa vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema SIRA, cuestionado durante años por cámaras empresarias, importadores y sectores industriales que denunciaban discrecionalidad, demoras y falta de transparencia en la aprobación de operaciones de comercio exterior.