El jefe de Gabinete viajó en primera clase junto a su familia y la Justicia busca determinar si los gastos son compatibles con sus ingresos declarados.
La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó un viaje a Aruba junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga su evolución patrimonial.
La información fue corroborada por el fiscal federal Gerardo Pollicita a partir de datos aportados por la aerolínea LATAM, que detalló el itinerario del funcionario. El viaje incluyó escalas en Perú durante la ida y en Ecuador en el regreso, antes de arribar a la isla caribeña.
Según consta en el expediente, cada pasaje en primera clase tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que totaliza 5.800 dólares para el grupo familiar. Además, se estableció que los tickets fueron abonados en dólares y en efectivo, un dato clave que ahora es analizado para determinar la trazabilidad de los fondos utilizados.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el costo total del viaje, ya que el alojamiento aún se encuentra bajo averiguación judicial. Entre las hipótesis que maneja la fiscalía figura la posibilidad de que la familia se haya hospedado en un resort all inclusive de alta gama, con tarifas cercanas a los 1.000 dólares por noche por persona, lo que podría elevar significativamente el gasto final.
La causa, que también contempla otros movimientos económicos y viajes del funcionario, busca determinar si el nivel de gastos registrados es compatible con los ingresos declarados por Adorni. En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y de su entorno familiar para acceder a información detallada sobre consumos, cuentas y operaciones financieras.
El expediente se inscribe en una investigación más amplia sobre el patrimonio del funcionario, que incluye análisis de operaciones inmobiliarias y otros desplazamientos al exterior. La fiscalía intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados en estos gastos, en una causa que podría tener impacto tanto judicial como político.
Mientras avanza el proceso, el caso refuerza el foco sobre la transparencia en la función pública y la obligación de los funcionarios de justificar el origen de sus recursos. El resultado de la investigación será clave para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales o si los gastos se ajustan a los ingresos declarados.