Un fallo judicial determinó que las aplicaciones de transporte deberán cumplir las mismas exigencias que taxis y remises en la Ciudad de Buenos Aires. Los conductores tendrán que contar con licencias profesionales, seguros especiales y nuevas habilitaciones.
La Justicia de resolvió que los conductores que trabajan para plataformas de transporte como Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar licencias profesionales y cumplir con mayores requisitos de habilitación para continuar prestando servicio en la capital del país.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, tras un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces entendieron que las plataformas digitales forman parte de un servicio de transporte de pasajeros y, por lo tanto, deben ajustarse a las mismas normas y controles que ya rigen para taxis y remises.
El fallo marca un cambio significativo para miles de choferes que hasta ahora operaban utilizando licencias particulares comunes. A partir de esta resolución, quienes trabajen con aplicaciones deberán contar con licencia profesional habilitante, seguros específicos para transporte de pasajeros y cobertura integral tanto para usuarios como para conductores.
Entre las nuevas exigencias establecidas aparecen también controles similares a los que afrontan taxis y remises tradicionales, incluyendo habilitaciones y futuras regulaciones que determine el Gobierno de la Ciudad.
Según supo la , los magistrados remarcaron que existía una situación desigual entre los sectores tradicionales y las plataformas digitales, ya que taxis y remises debían afrontar mayores costos, impuestos y obligaciones regulatorias.
La resolución judicial fue firmada por los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín, quienes sostuvieron que Uber, Cabify y DiDi no pueden considerarse únicamente plataformas tecnológicas, sino parte de un “servicio global de transporte”. Para respaldar esa interpretación, citaron antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El fallo también cuestionó con dureza al Gobierno porteño por haber permitido durante años el funcionamiento de estas aplicaciones en un escenario considerado ambiguo desde el punto de vista legal. Según la Cámara, mientras oficialmente se calificaba a Uber como un servicio clandestino, al mismo tiempo se toleraba su publicidad y operación sin controles efectivos.
Además de las nuevas obligaciones para los conductores, la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad avanzar en el cobro de impuestos locales a las empresas que administran las plataformas digitales y realizar campañas informativas destinadas a usuarios sobre riesgos vinculados a seguros, licencias y cobertura ante accidentes.
Otro de los puntos centrales de la resolución establece que, mientras persista esta diferencia regulatoria entre taxis y aplicaciones, el Gobierno porteño no podrá exigir a los taxistas determinados aranceles administrativos relacionados con licencias y habilitaciones. Los jueces consideraron que no puede sostenerse un esquema de mayores costos para un sector mientras otro compite sin las mismas exigencias.
La medida abre una nueva etapa en el debate sobre la regulación de las aplicaciones de transporte en Argentina y podría generar impacto en otras provincias y ciudades donde plataformas como Uber, Cabify y DiDi operan bajo marcos legales aún poco definidos.