Un revisor de cuentas denunció irregularidades en la aprobación del balance 2025 del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas. El caso expone tensiones internas y abre interrogantes sobre los mecanismos de control institucional.
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (SOEMP), una de las organizaciones gremiales más influyentes en la capital misionera, atraviesa un nuevo foco de conflicto institucional tras la presentación formal de una impugnación contra la asamblea ordinaria realizada el 20 de marzo de 2026. La denuncia, impulsada por Roberto Juan Cavalheiro, revisor titular de cuentas del gremio, fue elevada a la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde solicita la nulidad absoluta del acto por presuntas violaciones al estatuto interno.
Cavalheiro sostiene que se le impidió participar de la asamblea donde se trató y aprobó el balance 2025, lo que, según él, vulneró los artículos 38, 39 y 40 del estatuto del sindicato. Estos artículos garantizan un amplio control sobre la gestión económica-financiera, obligando a la revisión de balances, inventarios y movimientos de caja antes de la aprobación.
Según la impugnación, la ausencia del revisor impidió el control de gastos, balances e inventarios, lo que habría invalidado las decisiones tomadas. La denuncia resalta que estas irregularidades afectan la libertad sindical y la democracia interna, pilares del estatuto vigente.
El conflicto surge en un momento sensible, ya que días después se firmó un acuerdo paritario con la Municipalidad de Posadas, que incluyó aumentos salariales y pases a planta permanente. Según datos del sindicato, en la ciudad hay más de 3.000 empleados municipales, un sector clave en la dinámica laboral local.
Especialistas en derecho laboral señalan que la participación de los órganos de control es esencial. La omisión de estos mecanismos podría derivar en nulidad de los actos si se comprueba que se vulneraron garantías estatutarias.
El caso quedó ahora en manos de la Secretaría de Trabajo, que deberá analizar la prueba documental aportada por Cavalheiro, quien ofreció copias de su carnet de afiliado, recibos de sueldo y solicitó la entrega del libro de actas de la asamblea impugnada. De su resolución dependerá el futuro del SOEMP y la confianza de sus afiliados en la gestión sindical.