La Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. El empresario Matías Tabar aportó documentación, detalló las obras realizadas y entregó su celular para peritaje.
El contratista Matías Tabar, responsable de las refacciones en la vivienda que el jefe de Gabinete Manuel Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, declaró ante la Justicia federal haber recibido 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados, en el marco de la causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito del funcionario.
La declaración fue tomada por el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py, donde Tabar —socio del grupo Alta Arquitectura— detalló el alcance de las obras ejecutadas entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Según precisó, las tareas incluyeron la construcción de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín de la propiedad, emplazada sobre un lote de 400 metros cuadrados.
El monto informado por el contratista supera ampliamente los aproximadamente 120.000 dólares que, según consta en la causa, habría abonado Adorni por la compra original del inmueble. Este desfasaje entre el valor de adquisición y el costo de las mejoras constituye uno de los ejes centrales de la investigación judicial.
Durante su presentación, Tabar entregó documentación respaldatoria —entre ella presupuestos, contratos y facturas— con el objetivo de sustentar sus dichos. Además, puso a disposición su teléfono celular para que sea sometido a peritajes técnicos, una medida clave para reconstruir las comunicaciones mantenidas con el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
La causa también explora el origen de los fondos utilizados para las refacciones. En ese contexto, se espera la declaración de Leandro Miano, vinculado a una de las jubiladas que habría prestado dinero a Adorni. Según fuentes judiciales, Miano deberá aportar registros de pagos, facturas y comprobantes relacionados con gastos de expensas y remodelaciones de otra propiedad del funcionario ubicada en el barrio porteño de Caballito.
De acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal y antecedentes de causas similares en Argentina, las investigaciones por enriquecimiento ilícito suelen centrarse en inconsistencias entre los ingresos declarados por los funcionarios y su evolución patrimonial. En los últimos años, este tipo de expedientes ha tenido un incremento sostenido, impulsado por denuncias patrimoniales y cruces de información financiera.
Especialistas en transparencia consultados por organismos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano advierten que el uso de efectivo en operaciones de alto monto representa una de las principales dificultades para el control fiscal y judicial, al limitar la trazabilidad de los fondos.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, mientras la Justicia intenta determinar si existe una justificación legal para los movimientos patrimoniales del funcionario o si, por el contrario, se configura un delito penal.
El avance de la causa y las próximas declaraciones serán determinantes para esclarecer un caso que vuelve a poner en debate los mecanismos de control sobre el patrimonio de los funcionarios públicos en la Argentina.