Retractaciones, denuncias de presiones, irregularidades en la cadena de custodia y peritajes sobre adulteraciones volvieron a sacudir uno de los expedientes judiciales más sensibles de la política argentina.
El juicio oral de la denominada “Causa Cuadernos” atraviesa una etapa que podría marcar un punto de inflexión en el proceso judicial iniciado en 2018. Las últimas declaraciones incorporadas ante el Tribunal Oral Federal expusieron cuestionamientos de fondo sobre la obtención de testimonios, la autenticidad documental y el manejo de pruebas consideradas centrales durante la instrucción de la causa.
Los nuevos testimonios y peritajes reactivaron el debate sobre la legalidad de los procedimientos utilizados en los primeros años de la investigación impulsada por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, en una causa que tuvo fuerte impacto político, institucional y mediático en Argentina.
Uno de los episodios más resonantes fue la declaración del encargado del edificio de la calle Uruguay donde residía la expresidenta , Julio César Silva. Bajo juramento ante el tribunal, el testigo aseguró que la declaración firmada por él en 2018 no reflejaba lo que realmente había dicho durante la instrucción.
“Firmé, pero no era mi declaración”, afirmó Silva durante la audiencia, según trascendió en distintos medios nacionales. El encargado sostuvo además que fue presionado por Bonadio y Stornelli mediante preguntas reiteradas vinculadas a sus hijas para que avalara situaciones que, según afirmó, nunca ocurrieron.
La declaración generó fuerte repercusión porque el propio testigo reconoció haber firmado un documento cuyo contenido niega actualmente, situación que podría impactar en la valoración judicial de los mecanismos utilizados para construir parte de la prueba testimonial inicial.
Otro de los puntos sensibles surgió tras la exposición del periodista , quien fue el receptor original de los cuadernos atribuidos al exchofer Oscar Centeno y posteriormente los entregó a la Justicia.
Durante su declaración, Cabot admitió limitaciones respecto de la trazabilidad y preservación inicial del material. La discusión volvió a poner el foco sobre la inexistencia de una cadena de custodia formal desde el origen de los manuscritos hasta su incorporación judicial, un aspecto considerado clave en cualquier proceso penal para garantizar autenticidad e integridad probatoria.
Especialistas en derecho penal consultados en distintas etapas del expediente señalaron históricamente que la cadena de custodia constituye un elemento central para validar evidencia documental y evitar sospechas de alteración o contaminación de pruebas.
A esto se sumaron peritajes caligráficos y técnicos que detectaron más de 1.600 adulteraciones, tachaduras y modificaciones en los cuadernos atribuidos a Centeno. Según los informes incorporados al expediente, se habrían alterado nombres, fechas y referencias geográficas consideradas relevantes para reconstruir los supuestos recorridos y entregas de dinero investigados.
Además, trascendieron cruces telefónicos que revelarían más de 300 comunicaciones entre un acusado de manipular los anotadores y un exjefe del área de Pericias de la Policía Federal, elemento que amplificó las sospechas sobre posibles irregularidades en el tratamiento del material probatorio.
Sin embargo, el panorama judicial no es uniforme. Durante la etapa de indagatorias previas al juicio oral, los empresarios y exfuncionarios que se acogieron a la figura del “imputado colaborador” no se retractaron formalmente de sus confesiones originales realizadas ante la Justicia.
Esa situación mantiene vigente una parte importante de la estructura acusatoria construida durante la investigación. No obstante, varios empresarios involucrados denunciaron públicamente, en distintos momentos del proceso, haber recibido presiones o amenazas para declarar en 2018, reabriendo la discusión sobre el uso de la ley del arrepentido y los límites de la negociación judicial en causas de corrupción de alto impacto político.
La “Causa Cuadernos” fue considerada desde sus inicios uno de los expedientes más trascendentes de las últimas décadas en Argentina por el volumen de acusados, empresarios y exfuncionarios implicados, además de las derivaciones políticas que produjo en plena reconfiguración del escenario nacional.
Las nuevas declaraciones no implican automáticamente la nulidad del proceso, pero sí introducen elementos que podrían afectar la valoración de determinadas pruebas durante la etapa final del juicio oral. En términos jurídicos, el Tribunal deberá determinar ahora el alcance de las retractaciones, la consistencia de los peritajes y el eventual impacto de las irregularidades denunciadas sobre la credibilidad del expediente.
Mientras continúan las audiencias públicas transmitidas de manera oficial por plataformas digitales, el caso vuelve a instalar interrogantes profundos sobre la relación entre política, Justicia y construcción de pruebas en las causas de corrupción más sensibles de la Argentina contemporánea.