En una decisión sin precedentes en la historia democrática argentina, el Gobierno de Javier Milei impuso un control absoluto sobre la cobertura visual de la Asamblea Legislativa, bloqueando el ingreso de reporteros gráficos tanto nacionales como internacionales.
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La medida, impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue acatada sin resistencia por las autoridades del Senado, que cedieron el manejo exclusivo de las imágenes al Poder Ejecutivo.
Como si no bastara con el apagón fotográfico, el palco tradicionalmente asignado a la prensa gráfica será ocupado por invitados del oficialismo, relegando a los periodistas a un balcón lateral del segundo piso, con un espacio reducido y condiciones de trabajo limitadas.
Una decisión impuesta sin debate ni negociación
Lejos de cualquier instancia de diálogo, la medida fue comunicada de manera abrupta en una reunión relámpago entre autoridades de prensa del Congreso y representantes del Círculo de Periodistas Parlamentarios. No hubo margen para discutir ni negociar: la orden del Ejecutivo fue trasladada como un hecho consumado y aceptada sin resistencia por la Cámara de Diputados, que ni siquiera intentó oponerse a la intromisión del Gobierno en su propio ámbito.
Este avasallamiento de un poder del Estado sobre otro marca un nuevo antecedente preocupante, ya que rompe con el principio republicano de división de poderes. Con el Ejecutivo monopolizando la producción y distribución de imágenes, el acceso libre a la información sufre un retroceso evidente.
Censura y limitación de la libertad de prensa
El cerrojo informativo impuesto en la Asamblea Legislativa no es un episodio aislado. Durante la asunción presidencial del 10 de diciembre de 2023, Milei ya había dado señales de su intención de controlar la narrativa mediática, al realizar la jura de su Gabinete a puertas cerradas y distribuir únicamente imágenes oficiales.
En septiembre del año pasado, en la presentación del proyecto de Presupuesto 2025, se aplicó una maniobra similar: los periodistas fueron desplazados de su habitual sector de cobertura en la Cámara de Diputados y confinados a una platea lateral reducida, con acceso restringido y condiciones de trabajo deterioradas.
La censura no pasa desapercibida a nivel internacional. Agencias de noticias y medios extranjeros interpretan esta decisión como una clara limitación a la libertad de expresión, un signo alarmante en cualquier democracia.
Mientras el país atraviesa momentos de crisis e incertidumbre, el Gobierno decide blindar su imagen y restringir el acceso a la información. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para controlar el relato?