En un nuevo capítulo de la pulseada entre el Ejecutivo y el Congreso, la Oficina del Presidente Javier Milei anunció hoy la designación en comisión de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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La medida llega tras casi un año sin que el Senado tratara sus pliegos, demorando la integración completa del Máximo Tribunal.
Desde la Casa Rosada recordaron que los pliegos de ambos magistrados fueron enviados a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, luego de cumplir con todas las instancias formales, incluidas las audiencias públicas realizadas en agosto pasado. Sin embargo, el Senado nunca los puso en tratamiento, a pesar de que, según el Ejecutivo, se cumplieron todos los requisitos normativos y se difundieron los antecedentes de los candidatos.
Una Corte con vacantes y el recurso constitucional de Milei
El Gobierno sostiene que la Constitución Nacional le otorga al Presidente la facultad exclusiva de nominar jueces para la Corte Suprema, mientras que el Senado tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar los pliegos en función de la idoneidad de los candidatos, sin que medien criterios políticos.
En este sentido, el comunicado oficial subraya que “la politización de la Justicia es una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio judicial eficiente” y recuerda que tanto Néstor Kirchner como Mauricio Macri lograron avanzar en la designación de jueces para el Tribunal con un respaldo amplio del arco político.
Frente a la inacción del Senado, el Ejecutivo apeló a un recurso contemplado en la Constitución: el nombramiento en comisión. Esta facultad le permite al Presidente designar jueces para cubrir vacantes durante el receso legislativo, hasta que el Congreso finalmente se expida sobre el tema.
La apuesta del Gobierno y el futuro de la Corte
Desde la Casa Rosada justificaron la medida asegurando que “el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros”, reforzando la necesidad de completar su integración. No obstante, aclararon que el trámite legislativo continuará y que esperan que el Senado finalmente ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos.
El anuncio promete abrir un nuevo frente de debate en un contexto político ya marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, la Corte Suprema deberá seguir funcionando con una composición transitoria, a la espera de que el Congreso resuelva una cuestión clave para el equilibrio institucional del país.