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En Venezuela, mañana 28 de julio se celebrará la elección presidencial. Aunque las elecciones para diputados, gobernadores y alcaldes están previstas para el 2025, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha adelantado sorpresivamente las elecciones presidenciales mediante un cronograma exprés diseñado a medida. Es importante destacar que el ganador solo podrá asumir el nuevo mandato a partir del 10 de enero del año siguiente, según lo establecido en la Constitución, lo que supone casi seis meses de espera. La fecha de la elección presidencial no está fijada en la Ley de procesos electorales, lo que permite flexibilidad política, especialmente para aquellos que controlan todos los poderes del Estado.
El adelanto de las elecciones por parte del gobierno de Maduro plantea un escenario presidencial excepcionalmente desviado de los estándares democráticos, mostrando un control absoluto sobre todas las instituciones clave del Estado. Con el dominio del Poder Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, y respaldo de las Fuerzas Armadas, el gobierno se sostiene en una estructura cívico-militar. Esta situación alimenta un proceso electoral marcado por la exclusión de opositores y la manipulación de candidaturas, reflejando una estrategia de control autoritario.
En el bando de la oposición patronal, se encuentra deshabilitado su líder más popular y actual, la derechista María Corina Machado. El gobierno también bloqueó la posibilidad de designar a una segunda opción dentro de ese sector, pero permitió a último momento la inscripción del candidato Edmundo González, quien en ese entonces era un desconocido, así como la inscripción de otros ocho candidatos procedentes de diferentes sectores opositores. Algunos de ellos se consideran “colaboracionistas” o presentan matices con respecto al candidato mayoritario, con la intención de restarle votos a la candidatura respaldada por María Corina.Por otra parte, Maduro ha proscribió, intervenido e inhabilitado a todas las organizaciones políticas, bloques políticos o candidatos que se encuentran a su izquierda. Se destaca el caso del asalto al Partido Comunista de Venezuela (PCV), que en 2020 había decidido no brindarle apoyo político. Esta oleada de inhabilitaciones ha afectado principalmente a organizaciones y políticos ubicados en la izquierda, desde la centroizquierda hasta corrientes que se identifican como progresistas o incluso anticapitalistas y socialistas.En este contexto, mientras Maduro y su partido PSUV, junto con sus aliados intervenidos, tendrán candidatos en las elecciones, tanto los partidos patronales como la derecha —a pesar de las restricciones— también presentarán candidatos. Por el contrario, el flanco izquierdo y los sectores de la izquierda en general no cuentan con candidatos propios, a menos que opten por respaldar a alguno de los candidatos de la oposición patronal.Durante este proceso electoral, se han empleado una serie de mecanismos antidemocráticos, como la exclusión de los venezolanos en el exterior de su derecho al voto al imponerles requisitos difíciles de cumplir, especialmente para aquellos en situación irregular en otros países. Además, se han reportado detenciones y cierres de negocios de personas que apoyan la campaña de Edmundo González, incluidos miembros de su equipo electoral a nivel estatal y nacional. Estos acontecimientos ilustran un panorama marcado por la represión y el control ejercido por el gobierno en el contexto de las elecciones presidenciales en curso.