El video de cuatro jóvenes enmascarados, bautizados irónicamente como los “cazafantasmas” por fiscales y jueces rosarinos, no sólo despertó incertidumbre sino también indignación en el ámbito judicial.
6 minutos de lectura
Las preguntas que resuenan no son pocas: ¿Por qué la ministra Patricia Bullrich y el gobernador decidieron difundir el video en lugar de investigarlo en silencio, como correspondería? ¿Qué sentido tenía transformar un presunto mensaje de amenaza en un espectáculo político?
Un montaje lleno de interrogantes
Desde los tribunales rosarinos, los que llevan años investigando a las dos principales bandas narco de la región, Los Monos y la organización de Esteban Alvarado, encontraron demasiados elementos que no encajan. En primer lugar, los enmascarados del video no muestran rasgos lingüísticos típicos de los narcos santafesinos: no hay pérdida de eses ni el tono característico del habla local. Además, expresiones como “estamos instalados en el Gran Buenos Aires” o el mensaje “evangelizador” de “hagan algo por los chicos, que no salgan delincuentes” resultan completamente ajenos al lenguaje que se escucha en las escuchas judiciales.
Un fiscal no dudó en afirmar: “Esto huele mucho a policía. Fueron agentes de la Federal en CABA quienes primero difundieron el video, y todo apunta a que es más una movida política que una amenaza real”. Otro investigador con años de experiencia en la lucha contra el narcotráfico señaló que jamás escuchó a un narco utilizar palabras como “instalados” o preocuparse por las escuelas.
¿Narcoterrorismo o excusa política?
La ministra Bullrich aprovechó la difusión del video para instalar la idea de un supuesto narcoterrorismo y reclamar la aprobación urgente de leyes más duras: antimafia, penal juvenil y otras propuestas que apuntan a reforzar la mano dura. En paralelo, no perdió oportunidad para justificar la compra de más equipamiento de espionaje y represión, y hasta presionar por la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna.
Sin embargo, esta narrativa no convence a los que trabajan en el terreno. Para muchos fiscales, el video es un montaje diseñado para alimentar el relato político de un gobierno que busca mostrarse como un baluarte contra el narcotráfico mientras los estupefacientes continúan fluyendo sin interrupciones en las zonas más críticas.
La sombra de los antecedentes
Las dudas sobre la autenticidad del video no surgen de la nada. Bullrich tiene un historial de casos cuestionables que alimentan la desconfianza. Desde acusar de terroristas a dos jóvenes que viajaron al Líbano a visitar a su familia, hasta mantener en prisión a un profesor de ping pong y a un peluquero bajo la excusa de ser parte de una supuesta célula terrorista.
La estrategia de instalar el concepto de narcoterrorismo no es nueva y responde a un manual que se ha aplicado en toda América Latina con nefastos resultados. El objetivo final parece ser justificar la militarización de la seguridad interna, una práctica que ha fracasado en todos los países donde se implementó, incluso con el rechazo de las propias Fuerzas Armadas, que entienden los riesgos de involucrarse en estos temas.
Un show que distrae de lo importante
En lugar de investigar con seriedad y discreción, el gobierno prefirió montar un espectáculo mediático que, lejos de aportar claridad, solo sembró más dudas. Mientras tanto, los fiscales, jueces e investigadores que realmente conocen la lucha contra el narcotráfico en Rosario señalan que, si el video tiene algo de cierto, la prioridad debería ser analizar las voces, detener a los responsables y luego comunicar los avances, no armar una puesta en escena con fines políticos.
La lucha contra el narcotráfico no necesita discursos grandilocuentes ni maniobras políticas, sino trabajo serio, recursos genuinos y, sobre todo, transparencia. Y este episodio, en lugar de aportar soluciones, no hace más que alimentar la sospecha de que todo es parte de un juego que poco tiene que ver con la seguridad real de los argentinos.