La Unión Cívica Radical (UCR) dio un golpe en la mesa al decidir suspender a varios de sus diputados, entre ellos al misionero Martín Arjol. La acusación: “faltas en la conducta que lesionan la dignidad del partido”. Lo que en otras palabras suena a un ajuste de cuentas político. ¿Qué significa realmente esta decisión y qué hay detrás de esta purga partidaria?
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Martín Arjol, junto con Mariano Campero, Luis Picat y Pablo Cervi, están en el ojo de la tormenta por haber respaldado el veto a la reforma jubilatoria del presidente Javier Milei. Lo curioso es que, inicialmente, estos mismos diputados votaron a favor de la ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué pasó en el medio para que dieran un giro de 180 grados? Esa es la pregunta que muchos se hacen, pero que pocos parecen querer responder de forma clara y directa.
La conducción de la UCR, encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi, no se anduvo con vueltas: suspendieron la afiliación de estos cuatro legisladores, dejándolos prácticamente en el limbo político. Mientras tanto, el Tribunal de Ética del partido se encargará de investigar lo ocurrido, como si se tratara de un tribunal inquisidor en busca de herejes. Por su parte, José Tournier, otro diputado que forma parte del bloque, no fue suspendido simplemente porque no está formalmente afiliado al partido. Es decir, la UCR parece estar cuidando más los formalismos que los principios.
La situación de Roxana Reyes y Gerardo Cipolini también fue discutida. Aunque no votaron en contra de la ley de movilidad jubilatoria, se ausentaron durante el debate. Al parecer, en la UCR ausentarse también es motivo de sospecha. La mesa directiva votó por elevar los casos al Tribunal de Ética con un aplastante 11 a 1, donde el único voto en contra fue de Andrés Lombardi. En cuanto a la suspensión de los cuatro legisladores, la decisión fue aprobada con 10 votos a favor y 2 en contra. ¿Qué tan unida está realmente la UCR en estas decisiones?
El comunicado de la UCR es claro y duro: al apoyar el veto presidencial, los diputados deterioraron gravemente la credibilidad del partido. Además, consideran inaceptables las justificaciones presentadas por estos legisladores durante la sesión. Pero, ¿qué tan inaceptables son esas justificaciones realmente? ¿O se trata de un escarmiento para aquellos que osaron desobedecer las órdenes de la cúpula partidaria?
El Tribunal de Ética, compuesto por Alicia Tate, Juan Pedro Tunessi y Ricardo Barrios Arrechea, tendrá la última palabra en este culebrón político. Mientras tanto, el resto del bloque mostró su descontento en un documento donde lamentaron la ruptura del acuerdo y el daño a la credibilidad del radicalismo. Es como si el partido estuviera más preocupado por salvar las apariencias que por debatir las verdaderas causas de este conflicto interno.
Tras el veto presidencial a la ley de jubilaciones, se presentó un nuevo mecanismo para la consideración de futuras leyes que impliquen gastos estatales. Desde la UCR aseguran que “no están echando a nadie, ellos se han ido solos”. Una declaración que suena más a lavarse las manos que a una verdadera autocrítica.
En resumen, la suspensión de Martín Arjol y sus compañeros plantea más preguntas que respuestas. ¿Es este el camino que debe seguir un partido que dice representar la diversidad de opiniones y la democracia interna? ¿O estamos frente a una purga política encubierta bajo la fachada de la disciplina partidaria? La UCR tendrá que demostrar si esta decisión es un ajuste de cuentas o un verdadero intento de preservar la integridad del partido. Porque en política, como en la vida, las apariencias engañan y las decisiones tienen consecuencias.