El Juzgado Federal de Posadas ordenó a las autoridades salientes del Partido Justicialista (PJ) de Misiones entregar la sede partidaria a los interventores designados por el Consejo Nacional Federal del PJ
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La medida, que debe ejecutarse en un plazo de 48 horas, establece que, en caso de no ser cumplida, se recurrirá al uso de la fuerza pública para hacer efectiva la orden.
La intimación recae sobre Myrian Analía Comparín, exvicepresidenta y máxima autoridad del Consejo Provincial del PJ Misiones, quien deberá entregar no solo las llaves del edificio, sino también documentación clave, incluyendo balances, libros contables, claves de correo y redes sociales institucionales, además de un listado de causas judiciales en las que el partido esté involucrado.
Posible apelación para frenar la entrega
El plazo para ejecutar la medida vence este viernes 21 de marzo. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que los dirigentes locales presentarían un recurso para frenar la entrega de la sede. Según fuentes cercanas a la conducción del PJ misionero, la apelación se presentaría a primera hora de mañana, buscando dilatar el cumplimiento de la orden judicial.
La tensión se intensificó el pasado martes, cuando los interventores nacionales, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, intentaron tomar posesión de la sede partidaria en Misiones. Sin embargo, las autoridades provinciales se opusieron firmemente, argumentando que la intervención es un atropello a la autonomía del partido en la provincia y perjudica sus intereses locales. Además, sostienen que mientras el proceso judicial siga abierto, aún pueden participar en las próximas elecciones.
Con el tiempo corriendo y la amenaza del uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento, el conflicto interno del PJ misionero parece lejos de resolverse. En las próximas horas, la presentación o no del recurso de apelación será clave para definir el futuro de la sede partidaria y la conducción del justicialismo en la provincia.