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JARDÍN AMÉRICA, MISIONES – En pleno acto del 25 de Mayo, el padre Marcos Szyszkowski, capellán de la Policía de Misiones, se animó a alzar la voz en defensa del derecho al voto de los efectivos de seguridad. Lo hizo con firmeza, en público y ante la comunidad. Días después, fue trasladado a prestar funciones en la Unidad Regional de Jardín América, lejos de su habitual rol pastoral.
La medida fue interpretada por muchos como una represalia directa del gobierno provincial, molesto por las declaraciones del sacerdote.
📢 “Esto es una demostración de poder”
Las repercusiones no tardaron en llegar. Matías Orrego, hermano de dos policías detenidos por protestas salariales —en una causa por presunta sedición— fue uno de los primeros en denunciar lo que considera un intento claro de disciplinamiento:
“Lo llevaron a hacer guardias. Imaginate la locura. ¿Qué función puede cumplir un capellán en una comisaría?”, expresó indignado en una entrevista radial.
“Esto es una demostración de poder, pero la gente ya se está dando cuenta de lo que está pasando”.
Desde el entorno familiar y eclesiástico se ve con preocupación este tipo de traslados, que no responden a una necesidad institucional clara, sino más bien a un gesto político de castigo simbólico.
🙏 Capellanes entre escritorios y silencios
La situación tomó un giro aún más llamativo cuando se supo que Fabián Szyszkowski —hermano de Marcos, también sacerdote y con funciones pastorales en Campo Viera— fue igualmente convocado a hacer guardias en una comisaría.
“Voy a trabajar en la comisaría; yo re contento”, ironizó. “Supuestamente es porque me queda más cerca, pero esto nunca pasó. No es nuestra función”.
Ambos curas sostienen que esta decisión va en contra del espíritu de acompañamiento pastoral con el que históricamente se vincula a los capellanes policiales.
⚖️ Del silencio al voto: marcha atrás oficial
La tensión se enmarca en un contexto institucional cada vez más sensible en la provincia. La decisión inicial del gobierno de impedir que los uniformados voten en las elecciones del 8 de junio fue duramente criticada, incluso desde la órbita nacional.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, calificó la medida como antidemocrática. El revuelo derivó en una resolución del Superior Tribunal de Justicia, que finalmente habilitó el voto para los efectivos de seguridad.
No obstante, el daño ya estaba hecho para quienes decidieron no callar.
🧭 Cuando opinar se convierte en riesgo
El caso del padre Marcos no es aislado. Es parte de un patrón preocupante en el que se intenta disciplinar a quienes se expresan con libertad y compromiso.
En tiempos donde el silencio parece ser el camino más seguro, quienes se atreven a hablar —como este sacerdote— quedan expuestos a represalias sutiles, pero profundamente significativas.