La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) decidió suspender los subsidios de agua potable que beneficiaban a 240 familias de al menos cuatro barrios de Posadas.
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La medida, fundamentada en lo que la entidad definió como una “extraordinaria situación económica y financiera”, fue oficializada a través de la Resolución N° 20495/24 y notificada el pasado 19 de diciembre a la prestataria del servicio.
Un golpe al bolsillo de los vecinos
Hasta ahora, el programa subsidiaba una cantidad fija de metros cúbicos de agua, permitiendo a los beneficiarios pagar únicamente por el consumo excedente. Sin embargo, con la suspensión del subsidio, las familias afectadas deberán asumir el costo total de su consumo de agua.
La decisión impactará en viviendas ubicadas en las chacras 92, 94, 102, 103, 111 y 112, 506, 507, 508 y 509, 1003 y 1004, y 1305 y 1306, que forman parte de los barrios A4, A3-2, San Isidro, Yacyretá y Yohasa.
El origen del subsidio
Estos beneficios habían sido implementados históricamente a través de un Convenio de Cooperación Mutua entre Yacyretá y la prestataria de agua, con el objetivo de garantizar el acceso al recurso a comunidades afectadas por el desplazamiento y la reubicación vinculadas a las obras de la represa.
Preocupación en los barrios afectados
La decisión de la EBY generó incertidumbre y malestar entre los residentes de las zonas afectadas, quienes ahora enfrentan el desafío de reajustar sus presupuestos familiares para cubrir un servicio básico que anteriormente contaba con un apoyo económico.
Aunque la entidad argumenta que la medida responde a la crisis financiera que atraviesa, los vecinos han comenzado a organizarse para buscar alternativas o presionar por una revisión de la decisión.
¿Y ahora qué?
La eliminación de estos subsidios pone en evidencia la complejidad de equilibrar las finanzas públicas con el impacto social de decisiones como esta. Mientras tanto, las familias de Posadas afectadas deberán adaptarse a esta nueva realidad, que llega en un contexto económico ya de por sí complicado.
Los barrios afectados esperan respuestas, pero por ahora la medida parece firme, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad frente a los costos crecientes.