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La sentencia que esta semana selló el destino judicial de Tomás Mieres, el conductor de 17 años involucrado en el accidente que costó la vida de dos adolescentes y dejó a tres más gravemente heridos en la Costanera de Posadas, está lejos de cerrar las heridas que esta tragedia dejó abiertas en la sociedad. Tres años de prisión en suspenso, diez de inhabilitación para conducir y tareas comunitarias. Un acuerdo de juicio abreviado que, aunque legal, deja un regusto amargo de impunidad y desconcierto.
En un país donde la seguridad vial parece más una sugerencia que una norma, este caso es un espejo brutal de nuestros propios fracasos colectivos. ¿Cómo es que un menor de edad, al mando de un Peugeot 206, puede alcanzar velocidades de hasta 105 km/h en un tramo urbano y, peor aún, con cuatro amigos a bordo y apenas uno usando el cinturón de seguridad?
Un acuerdo que indigna
El siniestro ocurrió el 11 de abril, una fecha que Posadas no olvidará fácilmente. Luca Ceballos y Juan Cruz Martínez, ambos estudiantes del Colegio Santa María, murieron en el acto. Sus familias, especialmente la de Ceballos, accedieron al juicio abreviado que evitó un proceso oral. Pero esta decisión, comprensible desde el dolor, plantea preguntas incómodas: ¿qué mensaje se envía cuando dos vidas jóvenes se reducen a un castigo simbólico?
Mieres aceptó su culpa, pero ¿qué significa realmente aceptar la culpa en un sistema judicial que permite que esta tragedia quede enterrada bajo un fallo leve y un compromiso de tareas comunitarias?
La velocidad y la irresponsabilidad como protagonistas
La investigación del accidente, encabezada por el perito Fernando Zacarías, dejó en claro que la velocidad fue el factor determinante. El Peugeot ingresó a una curva a más de 100 km/h, perdió el control, derrapó, impactó contra un utilitario estacionado y terminó sobre la vereda. Todo esto en un sector donde la velocidad máxima recomendada no supera los 40 km/h.
El resultado: dos muertos, tres heridos graves, y una comunidad en estado de shock. Sin embargo, lo más alarmante es que solo uno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad. Una negligencia básica, casi infantil, que en este caso resultó letal.
Un fallo que no previene futuras tragedias
El fallo también deja un mensaje preocupante sobre la justicia vial. Tres años en suspenso no son un castigo efectivo, sino una advertencia sin dientes. En un país donde los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en jóvenes entre 15 y 35 años, la necesidad de medidas ejemplares es urgente.
El contexto no ayuda. Calles mal diseñadas, controles de velocidad escasos o inexistentes, y una cultura que tolera la imprudencia al volante crean el caldo de cultivo para tragedias como esta. En la Costanera de Posadas, donde ocurrió el accidente, no es raro ver autos a velocidades excesivas. Este no fue un caso aislado, sino el síntoma de un problema mayor.
La responsabilidad compartida
Si bien Mieres es el rostro visible de esta tragedia, la responsabilidad no termina en él. El automóvil pertenecía al padre de uno de los ocupantes, y surge la pregunta: ¿por qué un menor de edad tenía acceso a un vehículo con esa capacidad de velocidad? ¿Dónde estaba el control adulto?
Por otro lado, el utilitario estacionado también entra en la ecuación. Aunque no fue el causante del accidente, su posición en la vía contribuyó a que el desenlace fuera tan brutal. En este punto, Zacarías fue claro: “Si el utilitario no hubiese estado ahí, tal vez el auto habría volcado, pero el resultado podría haber sido distinto”.
Lecciones que no podemos ignorar
El accidente de la Costanera es una tragedia que debería hacernos reflexionar como sociedad. No solo sobre la educación vial que les damos a nuestros jóvenes, sino también sobre el rol del Estado y la Justicia. ¿Qué estamos haciendo para prevenir tragedias similares? ¿Qué medidas efectivas se están tomando para que la velocidad, el uso del cinturón y el control adulto sean normas y no excepciones?
La respuesta, hasta ahora, es decepcionante. Y el fallo de esta semana, más que cerrar el capítulo, lo deja abierto. Una década de inhabilitación para conducir no devolverá la vida a Luca y Juan Cruz, y las tareas comunitarias no curarán las cicatrices de los sobrevivientes ni el vacío en las familias.
Mientras tanto, la Costanera sigue siendo un espacio donde las tragedias se repiten. Y la justicia, como tantas veces, parece mirar para otro lado.