En el marco del “2024, Año de la digitalización y simplificación administrativa”, la Cámara de Representantes de Misiones dio un importante paso al considerar un proyecto de ley para la creación de una Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos.
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La propuesta, presentada por el diputado Carlos Eduardo Rovira, busca fortalecer el sistema judicial ante el crecimiento de delitos cometidos en el ciberespacio.
La iniciativa, que fue tratada por la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, fue acompañada por diversos proyectos relacionados. Entre ellos, el de los diputados Héctor Pereyra Pigerl, Anazul Centeno, Karen Fiege y Yamila Ruiz, quienes sugirieron la incorporación de un capítulo en la Ley XIV N.° 13, y el del diputado José Luis Pastori, que propone modificaciones a dicha ley. También figura un proyecto de la diputada Lilia Torres para la creación de una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.
Este nuevo organismo tendrá como sede la ciudad de Posadas, pero su competencia abarcará todo el territorio de la provincia. Su función principal será investigar delitos cometidos en el ciberespacio, como fraudes informáticos, ataques a la privacidad y la utilización de medios electrónicos para fines ilícitos. Además, tendrá la potestad de intervenir en casos donde se utilicen dispositivos informáticos, telemáticos o electrónicos tanto en la planificación como en la ejecución de dichos delitos.
El dictamen de la comisión resalta la urgencia de abordar la problemática del cibercrimen, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Con la creciente digitalización de las actividades cotidianas, este tipo de delitos afecta tanto a individuos como a instituciones, lo que demanda una respuesta especializada y moderna desde el ámbito judicial.
El proyecto de ley también contempla la creación de un cargo específico de Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos, quien será el encargado de dirigir las investigaciones y coordinar con otros organismos judiciales para combatir esta creciente amenaza.
La propuesta espera su pronta sanción por parte de la Cámara de Representantes, en un esfuerzo por adaptar las estructuras judiciales a los desafíos del siglo XXI y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital.