El sociólogo Agustín Salvia alertó sobre el impacto del aumento de tarifas en el consumo básico y la consolidación de un núcleo duro de pobreza. Señaló además el estancamiento del empleo de calidad y la caída de la inversión en salud, educación y vivienda.
El escenario social argentino continúa mostrando señales de deterioro sostenido, con indicadores que reflejan una combinación de caída del poder adquisitivo, cambios en los patrones de consumo y un mercado laboral cada vez más fragmentado. En este contexto, el sociólogo advirtió sobre la consolidación de un fenómeno estructural que afecta a millones de personas.
“Teniendo que pagar más tarifas, lo cual baja el consumo de productos básicos”, explicó el especialista, al describir cómo el incremento en servicios esenciales impacta directamente en la economía de los hogares. Según distintos informes del , el gasto en servicios públicos creció por encima de los ingresos en amplios sectores de la población durante el último año, obligando a recortes en alimentos y otros bienes esenciales.
En esa línea, Salvia también alertó sobre una reducción progresiva en la inversión en capital humano. “La gente no mejora su casa, reduce gastos en salud y educación y se siente más ajustada”, sostuvo. Datos del indican que más del 40% de los hogares urbanos postergó gastos vinculados al mantenimiento de la vivienda o atención médica en los últimos meses, una tendencia que se profundiza en los sectores de menores ingresos.
El diagnóstico del especialista también pone el foco en el mercado laboral. “El empleo privado está estancado, el público cae y hay más empleo informal y precario”, señaló. De acuerdo con cifras oficiales del INDEC, la tasa de informalidad laboral supera el 35% en el país, mientras que el empleo registrado en el sector privado muestra niveles de crecimiento marginal desde hace varios años.
Este escenario, según Salvia, configura una situación de estancamiento social. “No hay una crisis alimentaria, pero tampoco hay una tendencia a mejorar. Estamos cristalizando un 25% o 30% de pobreza estructural”, concluyó. La afirmación se alinea con estimaciones recientes que ubican la pobreza en torno al 40% a nivel nacional, con un núcleo duro persistente que no logra salir de esa condición incluso en períodos de recuperación económica.
El análisis de los especialistas coincide en que la combinación de inflación, pérdida del salario real y precarización laboral genera un círculo difícil de revertir. A diferencia de crisis anteriores, el problema actual no radica únicamente en caídas abruptas, sino en la persistencia de condiciones que limitan la movilidad social ascendente.
En este contexto, los desafíos para la política pública pasan por reactivar el empleo formal, recomponer ingresos y fortalecer la inversión social, en un escenario donde amplios sectores de la población ajustan sus gastos cotidianos para sostener niveles mínimos de consumo.
La advertencia sobre la consolidación de una pobreza estructural vuelve a poner en agenda la necesidad de medidas de largo plazo que permitan romper con una dinámica que, lejos de revertirse, amenaza con profundizarse en los próximos años.