La central obrera confirmó una marcha a Plaza de Mayo el 30 de abril junto a organizaciones sociales, sectores de la Iglesia y sindicatos. Buscan visibilizar el impacto de las políticas económicas y consolidar una agenda común frente a la gestión de Javier Milei.
A medida que avanzan los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei, distintos sectores políticos, sindicales y sociales que se encuentran en la vereda opuesta al oficialismo comenzaron a intensificar el diálogo con un objetivo común: coordinar acciones y construir una estrategia para enfrentar las políticas del Gobierno.
En ese escenario, la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a posicionarse en el centro de la escena y anunció una movilización a Plaza de Mayo para el próximo 30 de abril, en el marco del Día del Trabajador. La convocatoria no será aislada: contará con la participación de sectores de la Iglesia críticos del rumbo económico y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que ya confirmó su adhesión.
Según pudo reconstruir este medio en base a información de Agencia Noticias Argentinas, la conducción de la UTEP, encabezada por Alejandro “Peluca” Gramajo, mantendrá en los próximos días una reunión con el triunvirato de la CGT en la sede de Azopardo. Allí formalizarán su incorporación a la marcha y presentarán un informe detallado sobre el impacto social de las medidas económicas, con especial foco en la suspensión del programa “Volver al Trabajo”.
Este último punto se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto entre las organizaciones sociales y el Ministerio de Capital Humano. De acuerdo con datos relevados por estos espacios, la paralización del programa afecta a miles de trabajadores informales, lo que motivó en las últimas semanas cortes de rutas y protestas en distintos puntos del país.
Detrás de la UTEP se alinean otros movimientos como el Frente Piquetero y Libres del Sur, que también participan activamente de las acciones de protesta. A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a gremios de la CGT y las dos CTA, convocó a un plenario nacional el 1° de mayo con la participación de más de 1.500 delegados.
Desde ese espacio señalaron que el objetivo del encuentro es “afianzar y consolidar” una agenda común en un contexto de ajuste económico que, según sostienen, impacta tanto en el empleo público como en el privado. “La destrucción de los salarios y de los puestos de trabajo nos atraviesa a todos”, afirmaron en un comunicado.
El FreSU plantea dos ejes centrales: la continuidad de las movilizaciones para impulsar la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un programa integral que contemple tanto las demandas del movimiento obrero como problemáticas sociales más amplias.
El frente sindical reúne a más de 140 organizaciones, entre ellas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), gremios aeronáuticos como APA, APLA y UPSA, además de sindicatos docentes, ferroviarios y universitarios como CTERA y CONADU.
En paralelo, comenzó a gestarse un acercamiento entre sectores industriales —incluidos algunos vinculados al grupo Techint— y dirigentes de la CGT. Estas conversaciones podrían derivar en la elaboración de un documento conjunto con críticas a la política económica del Gobierno y propuestas orientadas a la protección de la industria nacional.
Uno de los puntos de mayor preocupación en ese ámbito es la situación de las fuentes laborales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde distintos sectores productivos advierten sobre una caída en la actividad y riesgos de despidos.
La confluencia entre sindicatos, movimientos sociales, sectores productivos y actores de la Iglesia configura un nuevo escenario de articulación opositora. La movilización del 30 de abril aparece así como una primera demostración de fuerza que buscará marcar el pulso del conflicto social y económico en la Argentina actual.