El oficialismo impulsa cambios a la Ley de Glaciares para habilitar inversiones mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares sin función hídrica comprobable. Gobernadores cordilleranos respaldan la iniciativa, mientras organizaciones ambientales y la Iglesia advierten sobre una posible “regresión” en materia de protección del agua. Hubo detenidos tras una protesta frente al Congreso.
El Senado debate una modificación clave a la Ley de Glaciares que reabre una discusión histórica en la Argentina: cómo compatibilizar el desarrollo minero e hidrocarburífero con la preservación de reservas estratégicas de agua dulce en la cordillera.
La sesión estuvo atravesada por incidentes en las inmediaciones del Congreso. Varios activistas fueron detenidos en el ingreso al Palacio Legislativo luego de que manifestantes saltaran la reja y se sentaran en las escalinatas en señal de protesta contra la reforma. La movilización fue encabezada por integrantes de , en el marco del tratamiento parlamentario del proyecto.
La normativa vigente, sancionada en 2010 bajo la presidencia de , establece un régimen amplio de protección para glaciares y ambiente periglacial. Prohíbe expresamente actividades que puedan alterar su condición natural o su función hídrica, entre ellas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la liberación de sustancias contaminantes y la realización de obras de infraestructura.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca redefinir el alcance de esa protección. La clave está en precisar el concepto de “formas periglaciares”, distinguiendo entre aquellas que cumplen funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y recarga de cuencas, y aquellas que no presentan una función hídrica comprobable.
De prosperar la reforma, no todo el territorio periglaciar quedaría blindado frente a la explotación económica, sino únicamente aquellas formaciones con valor hídrico fehaciente. Los glaciares propiamente dichos continuarían bajo prohibición absoluta de actividades extractivas.
Según datos oficiales del Inventario Nacional de Glaciares, Argentina posee más de 16.000 cuerpos de hielo distribuidos principalmente en la región andina, que constituyen una fuente estratégica de agua dulce para consumo humano, agricultura y generación hidroeléctrica. En un contexto de cambio climático, especialistas del (IANIGLA) han advertido en distintos informes sobre el retroceso sostenido de masas glaciares en las últimas décadas.
La iniciativa oficial crea formalmente el Inventario Nacional de Glaciares bajo la órbita del IANIGLA, con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. El organismo técnico deberá individualizar glaciares y formas periglaciares y diferenciar, en este último caso, cuáles cumplen función hídrica y cuáles no.
Uno de los puntos más sensibles es la distribución de competencias. El proyecto del Gobierno transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger —por su valor hídrico, biodiversidad o interés científico— y cuáles habilitar para actividades económicas, con posibilidad de proponer modificaciones al Inventario previo estudio de impacto ambiental. La postura se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.
En paralelo, el oficialismo —con fuerte impulso del bloque de — buscará introducir cambios en artículos considerados clave para redefinir la protección del ambiente periglacial y otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos minerales e hidrocarburíferos, con el objetivo declarado de atraer proyectos vinculados a la megaminería y la explotación energética.
En la oposición, el diputado (Unión por la Patria) presentó un proyecto alternativo que refuerza el régimen de presupuestos mínimos y propone priorizar explícitamente el agua proveniente de glaciares y ambientes periglaciares para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.
El debate atraviesa también al peronismo, donde la mayoría anticipa rechazo, aunque existen interrogantes sobre la postura que podrían adoptar ex gobernadores de provincias mineras como y .
Asambleas ambientalistas y la Iglesia Católica expresaron su oposición. La Comisión Episcopal Argentina manifestó su preocupación por el avance del proyecto. Las organizaciones movilizadas sostienen que la reforma podría constituir una “regresión ambiental inconstitucional” y advierten que vulneraría compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de Escazú.
Quienes apoyan la modificación argumentan que el objetivo es brindar “certezas técnicas” y compatibilizar desarrollo productivo con protección ambiental, sin eliminar auditorías ni controles. En provincias como San Juan, Catamarca y Jujuy, la minería representa un porcentaje significativo de las exportaciones y del ingreso fiscal, y es vista como una palanca clave para atraer inversiones en un contexto de restricciones macroeconómicas.
El eje del conflicto es, en definitiva, el agua. Los ecosistemas periglaciares —suelos congelados o saturados de agua en alta montaña— cumplen un rol esencial en la regulación hídrica y geomorfológica. Su eventual habilitación parcial para actividades extractivas profundiza un debate técnico, jurídico y político sobre dónde trazar la línea entre desarrollo y preservación.
La votación en el Senado no solo definirá el futuro de un sector estratégico de la economía, sino también el alcance de la protección de reservas de agua dulce en un escenario de creciente estrés hídrico y cambio climático, en una jornada marcada por la tensión tanto dentro como fuera del Congreso.