El Ejecutivo nacional rechazó el reclamo de empresas del sector y confirmó mediante decreto la modernización del sistema de revisión técnica vehicular. La medida amplía los plazos para realizar los controles, habilita a concesionarias y talleres mecánicos a realizar inspecciones y elimina restricciones al mercado que, según el Gobierno, encarecían el servicio.
El Gobierno nacional ratificó este lunes la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV), luego de rechazar el planteo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y casi 30 empresas del sector.
La decisión quedó oficializada a través del Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial, que desestimó los cuestionamientos contra el Decreto 196/2025, normativa que había introducido una profunda modificación en el esquema de controles vehiculares en el país.
El cambio normativo forma parte de la política de desregulación impulsada por el Gobierno y apunta a reducir trámites administrativos, ampliar la competencia y abaratar los costos del servicio para los usuarios.
Entre los principales cambios se establece que los vehículos cero kilómetro deberán realizar la primera revisión técnica a los cinco años del patentamiento, cuando anteriormente el plazo era de tres años. Para los automóviles de hasta diez años de antigüedad, el control dejará de ser anual y pasará a realizarse cada dos años.
La reforma también elimina la exclusividad que hasta ahora tenían los centros de inspección tradicionales. A partir de la nueva normativa, concesionarias, importadores y talleres mecánicos habilitados podrán realizar las revisiones técnicas, siempre que cumplan con los protocolos establecidos por las autoridades.
Además, se suprime la posibilidad de que las jurisdicciones limiten la cantidad de talleres habilitados o establezcan tarifas máximas o mínimas, permitiendo que los precios se definan mediante la libre competencia entre prestadores.
Desde el sector empresarial, la reacción fue inmediata. La CATRAI y diversas compañías del rubro argumentaron que extender los plazos de control podría afectar la seguridad vial y cuestionaron que concesionarias o talleres que comercializan vehículos también puedan realizar las inspecciones, lo que —según sostienen— podría generar conflictos de interés.
Sin embargo, el Gobierno descartó esos planteos. En los fundamentos del decreto se afirma que los vehículos actuales cuentan con mayores estándares de seguridad y sistemas tecnológicos más confiables, lo que vuelve innecesarios controles tan frecuentes.
El Ejecutivo también citó estudios internacionales que indican que la mayoría de los siniestros viales se producen por errores humanos, como exceso de velocidad, consumo de alcohol o distracciones al volante, y no por fallas mecánicas de los vehículos.
En esa línea, el texto oficial menciona experiencias regulatorias de otros países y destaca que en la Unión Europea no existe un régimen de exclusividad para realizar inspecciones técnicas, ya que empresas vinculadas al mantenimiento automotor también pueden llevar adelante los controles si cumplen con las normas técnicas.
“El objetivo es garantizar la objetividad del sistema mediante la fiscalización de los procesos y no a través de restricciones al objeto social de los prestadores”, señala el decreto, que además considera que la libre negociación de precios entre talleres y usuarios es el mecanismo más eficiente para determinar el costo del servicio.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la confirmación de la medida y afirmó que la reforma permitirá ampliar la oferta de prestadores. “Queda así allanada la reforma que va a poner racionalidad y va a permitir que las VTV se hagan en las concesionarias, en cualquier taller habilitado o en los talleres RTO que hoy hacen solo vehículos de carga”, sostuvo el funcionario en su cuenta de la red social X.
La reforma también elimina el Informe de Configuración de Modelo (ICM) que debían presentar los vehículos modificados, trasladando la responsabilidad de certificar los cambios al profesional matriculado que firma la reforma del vehículo.
Según el ministro, ese trámite representaba una burocracia innecesaria. “Era un curro de AITA que obligaba a pagar por verificar cambios que ya habían sido realizados por talleres habilitados y que luego debían volver a controlarse en la revisión técnica obligatoria”, señaló.
Con la entrada en vigencia del nuevo decreto, el Gobierno consolida una transformación estructural del sistema de control vehicular que busca reducir regulaciones y abrir el mercado, aunque el debate sobre sus posibles efectos en la seguridad vial continúa abierto entre especialistas y actores del sector automotor.