En una sesión atravesada por la tensión tras los incidentes por la reforma laboral, el oficialismo consiguió aprobar el nuevo régimen penal juvenil y la ratificación del tratado comercial con la Unión Europea. El peronismo volvió a exhibir divisiones internas.
En un clima político cargado tras los violentos episodios registrados en la jornada previa por la reforma laboral, la Cámara de Diputados otorgó al Gobierno dos triunfos legislativos de alto impacto: la aprobación de la nueva ley penal juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y la ratificación del acuerdo comercial entre el y la Unión Europea.
La primera votación arrojó 149 votos afirmativos y 100 negativos para el nuevo régimen penal juvenil. El rechazo reunió a la totalidad de Unión por la Patria, los cuatro diputados de izquierda, tres legisladores alineados con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil y la cordobesa Natalia de la Sota.
La segunda definición mostró aún mayor respaldo: el tratado birregional fue aprobado con 203 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones. El dato político sobresaliente fue la fractura interna de Unión por la Patria: 43 diputados acompañaron al oficialismo, 38 —identificados con el kirchnerismo duro, La Cámpora y el espacio de Juan Grabois— votaron en contra junto a la izquierda, y cuatro se abstuvieron. Incluso el jefe del bloque, Germán Martínez, optó por respaldar la ratificación, una decisión que sorprendió dentro de su propia bancada.
Régimen Penal Juvenil
El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados será tratado ahora por el Senado, donde fuentes parlamentarias anticiparon que podría debatirse en una sesión prevista para el 26 de febrero. La iniciativa reemplaza una normativa vigente desde la última dictadura militar y establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años.
Entre los puntos centrales, fija un máximo de 15 años de prisión para menores, prohíbe la pena perpetua en esa franja etaria y dispone que quienes sean privados de su libertad cumplan la condena en establecimientos diferenciados de los adultos. Además, excluye la prisión para delitos con penas menores a tres años y prioriza sanciones socioeducativas en casos con escalas de entre tres y diez años cuando no haya muerte ni lesiones graves.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, , sostuvo que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad” sino “resocializarlos”. Señaló que el régimen vigente permite “vagas medidas restrictivas” y que la reforma busca mayor precisión y gradualidad.
Desde la oposición, cuestionó el enfoque del oficialismo y apuntó contra por instalar la consigna “delito de adulto, pena de adulto”. “Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país”, afirmó. A su entender, el debate exige “responsabilidad política” y no consignas.
El trasfondo de la discusión incluye estadísticas oficiales que muestran que los delitos cometidos por menores representan un porcentaje reducido del total de hechos delictivos, según informes del Ministerio Público Fiscal y de organismos provinciales, un argumento utilizado por sectores críticos de la reforma.
Acuerdo Mercosur–Unión Europea
El segundo eje de la sesión fue la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado de más de 5.000 páginas que prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y la reducción de barreras para bienes industriales y tecnológicos europeos.
El entendimiento fue firmado el 17 de enero en Asunción con la presencia del presidente y sus pares y , mientras que el mandatario brasileño no participó de la ceremonia.
La implementación efectiva del tratado permanece en suspenso: el Parlamento Europeo resolvió que el revise su legalidad e impacto, un proceso que podría extenderse durante meses o incluso hasta dos años. No obstante, la evalúa la posibilidad de una aplicación provisoria.
Durante el debate, el peronismo volvió a exhibir posturas contrapuestas. expresó que el acuerdo “no garantiza que podamos tener accesos a los mercados europeos” y advirtió sobre barreras pararancelarias que podrían afectar al sector agropecuario. En cambio, defendió la ratificación al sostener que fortalece al Mercosur como actor económico internacional y lo definió como “una insubordinación estratégica” frente al presidente estadounidense .
Desde el oficialismo, la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, , afirmó que el acuerdo “amplía y facilita el comercio de bienes y servicios” y que la apertura no implica desprotección sino herramientas para competir. “La historia demostró que el aislamiento no genera desarrollo productivo”, sostuvo, y remarcó que se trata de una decisión estratégica que trasciende gobiernos.
Con ambas votaciones, el Ejecutivo consolidó una jornada legislativa favorable en medio de un escenario político tenso. El debate ahora se traslada al Senado y al plano internacional, donde el futuro del acuerdo birregional dependerá de la revisión judicial europea y del equilibrio entre apertura comercial y protección de sectores sensibles.