Con 135 votos afirmativos y 115 negativos, el oficialismo logró avanzar con la Ley de Modernización Laboral en medio de un paro general de la CGT y fuertes cruces en el recinto. El proyecto vuelve al Senado para ratificar los cambios introducidos.
En una jornada extensa y marcada por fuertes controversias, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de , con 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones. La iniciativa, que modifica 26 títulos y 218 artículos del régimen laboral vigente, deberá regresar al Senado debido a cambios introducidos durante el tratamiento en la Cámara baja.
La sesión se desarrolló en paralelo a un paro general convocado por la (CGT) y movilizaciones en distintos puntos del país, lo que añadió un fuerte componente social al debate parlamentario.
Los números y las alianzas
El oficialismo reunió los votos de La Libertad Avanza y el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y bloques provinciales. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la mayoría de Provincias Unidas y monobloques como los de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
La aprobación en general fue por una diferencia de 20 votos. En la votación en particular, el oficialismo logró sostener cada uno de los artículos, incluyendo los más controvertidos.
Entre los puntos centrales se destacan cambios en el régimen de indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, restricciones a las tutelas sindicales, limitaciones al derecho de huelga y la derogación de estatutos profesionales. También se eliminó el artículo 44, que establecía una reducción salarial ante accidentes o enfermedades no laborales, modificación que obliga a una nueva revisión en el Senado.
Escándalo en el recinto
El inicio del debate estuvo atravesado por un fuerte cruce cuando el presidente de la Cámara, , sometió a votación a mano alzada el plan de labor. Legisladores de Unión por la Patria denunciaron irregularidades y se acercaron al estrado para exigir la rectificación del procedimiento.
El jefe del bloque peronista, , encabezó el reclamo, acompañado por otros diputados opositores. También se registraron interrupciones y acusaciones cruzadas sobre la existencia de quórum, lo que elevó la tensión en el recinto.
Argumentos a favor
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, , defendió la iniciativa al afirmar que “el marco regulatorio actual expulsa a las personas de la formalidad”. Según sostuvo, “hoy el 55% de los trabajadores está en la informalidad”, sin aportes ni cobertura social, un dato que coincide con estimaciones recientes del INDEC sobre empleo no registrado.
En la misma línea, el radical mendocino señaló que la legislación vigente “es vetusta” y que en los últimos años aumentaron la litigiosidad y los costos laborales.
Críticas y advertencias
Desde la oposición, el diputado bancario advirtió que, de sancionarse la ley, habrá “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”. Consideró que la norma implica “un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores” y cuestionó especialmente las modificaciones al derecho de huelga y al Fondo de Asistencia Laboral.
El diputado objetó el esquema de convenios por empresa, al sostener que la negociación colectiva sectorial ofrece mayor racionalidad. Desde la izquierda, rechazó la idea de que el problema argentino sean los costos laborales y atribuyó la crisis a factores financieros y macroeconómicos.
Por su parte, afirmó que la ley “va a fracasar” y anticipó que un eventual gobierno peronista la derogará. También advirtió que el nuevo esquema podría afectar especialmente a las mujeres trabajadoras, en referencia al sistema de banco de horas.
Próximo paso legislativo
El oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto del Senado con el objetivo de emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes de la apertura de sesiones ordinarias.
La reforma aún no es ley. Su destino final dependerá del debate en la Cámara alta, donde deberá definirse si se ratifican las modificaciones introducidas o si se reabre la discusión sobre uno de los cambios estructurales más profundos del régimen laboral argentino en las últimas décadas.
La votación en Diputados dejó expuesta no solo la fractura política en torno al modelo laboral, sino también la tensión entre el Ejecutivo y el sindicalismo en un contexto de alta informalidad, caída del poder adquisitivo y conflictividad social creciente. El Senado tendrá ahora la última palabra.