El diputado Esteban Paulón pidió acceso a la información pública tras detectar préstamos millonarios otorgados a funcionarios. Cuestionó la transparencia del proceso y advirtió sobre una posible dimensión penal.
El otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del quedó en el centro de la polémica luego de que el diputado nacional advirtiera sobre una posible “operatoria irregular” en la asignación de préstamos a funcionarios públicos y dirigentes políticos.
Según explicó el legislador en diálogo con el periodista en el programa radial emitido por , la investigación se inició a partir de una herramienta digital desarrollada por el especialista en datos . El aplicativo permite consultar información oficial sobre deudas financieras de funcionarios en todo el sistema bancario.
“Es información oficial que está compilada en un aplicativo donde uno puede ver qué créditos tienen en todo el sistema financiero”, detalló Paulón. A partir de ese relevamiento, el diputado señaló que se detectó “una cantidad importante de funcionarios y dirigentes vinculados a que acceden a créditos hipotecarios de montos muy elevados”, en algunos casos por encima de lo que permitirían sus ingresos declarados.
De acuerdo a los datos analizados, el 90% de los 50 créditos más altos habrían sido otorgados a personas vinculadas a ese espacio político. Los montos, según precisó, oscilan entre los 200.000 y 400.000 dólares, con casos que se acercan a los 500.000 dólares, cifras significativamente superiores al promedio de aproximadamente 80.000 dólares que suele otorgar el banco en esta línea.
El caso tomó mayor relevancia tras el desplazamiento de , quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de la ministra , luego de que se conociera su acceso a uno de estos créditos. Para Paulón, esta decisión “es un reconocimiento implícito de que hubo una operatoria irregular”.
El legislador también cuestionó el criterio en la asignación de los préstamos en un contexto económico adverso. “En un escenario donde el Banco Nación debería orientar el crédito hacia la vivienda, las pymes y la producción, termina priorizando que funcionarios accedan a condiciones privilegiadas para adquirir propiedades de altísimo valor”, sostuvo.
En ese marco, planteó que el caso abre dos niveles de discusión: uno ético y otro judicial. “Por un lado, contradice el discurso de austeridad del Gobierno. Y por otro, podría haber una dimensión penal si se comprueba que hubo irregularidades en la asignación”, advirtió.
Ante la gravedad de las denuncias, Paulón confirmó que presentó pedidos formales de acceso a la información pública tanto al Banco Nación como al , con el objetivo de analizar en detalle los criterios de otorgamiento, los perfiles de los beneficiarios y las condiciones de los créditos.
El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de recursos estatales y la transparencia en la gestión pública. Mientras se aguardan respuestas oficiales, el episodio pone en debate el rol de la banca pública y la necesidad de garantizar mecanismos claros y equitativos en el acceso al crédito.
La evolución de la investigación y la eventual intervención de organismos de control serán determinantes para esclarecer si se trató de irregularidades administrativas o de hechos con implicancias judiciales, en un escenario donde la confianza pública aparece como uno de los principales activos en juego.