La iniciativa del gobierno de Javier Milei obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra. La eliminación de un artículo clave obligó a devolver el texto a la Cámara alta. El oficialismo busca sancionarla antes del 1° de marzo.
La Cámara de Diputados aprobó por 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención la Ley de Modernización Laboral impulsada por el gobierno de . La diferencia de 20 votos reflejó una mayoría ajustada, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y movilizaciones en las inmediaciones del Congreso durante el paro nacional convocado por la .
El acompañamiento de los siete legisladores de Misiones resultó determinante para alcanzar el quórum y sostener la mayoría. Votaron a favor Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa (Frente Renovador Neo); Diego Hartfield y Maura Gruber (La Libertad Avanza); y Emmanuel Bianchetti (PRO Misiones).
La iniciativa había obtenido media sanción en el Senado la semana pasada, pero las modificaciones introducidas en Diputados —entre ellas la eliminación del artículo que establecía una reducción salarial en casos de licencias por enfermedad o accidentes no laborales— obligan a que el texto vuelva a la Cámara alta para su tratamiento definitivo.
Los ejes de la reforma
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones; la implementación del banco de horas en reemplazo del esquema tradicional de pago de horas extras; la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos; la regulación específica de trabajadores de plataformas digitales; y la ampliación del listado de servicios esenciales con prestación mínima obligatoria.
El oficialismo argumenta que la reforma apunta a reducir la informalidad laboral y la litigiosidad. Según los últimos datos del INDEC, la tasa de empleo no registrado ronda el 40% en el total de asalariados y supera el 50% entre jóvenes, lo que evidencia, según el Gobierno, la necesidad de actualizar el marco normativo vigente desde 1974.
Debate político y advertencias sindicales
El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. La oposición —integrada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores federales— cuestionó la iniciativa por considerar que debilita la negociación colectiva y reduce derechos adquiridos.
Durante la sesión se registraron momentos de alta tensión y acusaciones cruzadas, mientras en el exterior del Congreso gremios y organizaciones sociales manifestaban su rechazo.
Sectores sindicales anticiparon que, en caso de aprobarse sin cambios sustanciales, impulsarán acciones judiciales por presunta inconstitucionalidad de algunos artículos, especialmente los vinculados al derecho de huelga y al nuevo esquema de indemnizaciones.
La definición en el Senado
El Gobierno busca convertir la reforma en ley antes del 1° de marzo, fecha de apertura de sesiones ordinarias. Para lograrlo, deberá revalidar los acuerdos políticos en el Senado, donde la correlación de fuerzas es más ajustada y cualquier modificación podría reabrir la discusión.
La definición final marcará el rumbo de una de las transformaciones más profundas del régimen laboral argentino en décadas, en un contexto de alta informalidad, presión social y debate abierto sobre el equilibrio entre flexibilidad productiva y protección de derechos.