La actualización incompleta del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono forma parte de una estrategia oficial para evitar subas bruscas en los surtidores. En 2025, la postergación de los ajustes implicó una pérdida fiscal superior a los USD 2.300 millones.
El Gobierno nacional continúa aplicando incrementos parciales en los impuestos a los combustibles como mecanismo para amortiguar el impacto de las actualizaciones mensuales en el bolsillo de los consumidores. La medida se enmarca en una política de diferimiento de ajustes que, si bien atenúa las subas en los precios finales, profundiza el desfasaje entre el monto legal de los tributos y lo efectivamente recaudado por el Estado.
Según la normativa vigente, los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono deben actualizarse de manera trimestral —en enero, abril, julio y octubre— en función de las variaciones acumuladas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde enero de 2018. Tal como establece la regulación, “los referidos montos fijos se actualizan por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del IPC que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.
Sin embargo, un informe sectorial señala que durante 2025 el Poder Ejecutivo optó por evitar incrementos abruptos en los surtidores mediante la postergación parcial de esas actualizaciones. Esta decisión tuvo un costo fiscal significativo: el Estado resignó ingresos por aproximadamente USD 2.326 millones a lo largo del año, con el objetivo de contener la presión inflacionaria sobre los precios de los combustibles, un insumo clave para el transporte y la logística.
La estrategia se tradujo en la suspensión sistemática de la actualización integral del impuesto. La última adecuación, aplicada en diciembre, derivó en una merma de recaudación estimada en USD 173 millones solo en ese mes, de acuerdo con datos de la consultora Economía y Energía (EyE). El acumulado anual refleja la magnitud de los recursos fiscales que el Gobierno dejó de percibir para moderar el traslado de impuestos a los consumidores.
Especialistas advierten que este esquema genera una brecha creciente entre lo que marca la ley y lo que efectivamente se cobra, lo que podría derivar en futuros ajustes más pronunciados si se decide normalizar el cronograma previsto.
Mientras el mecanismo legal establece actualizaciones automáticas trimestrales atadas a la inflación, el Ejecutivo mantiene una política de incrementos parciales y diferidos. La decisión busca equilibrar el impacto social de los aumentos con las necesidades fiscales, aunque deja abierta la discusión sobre la sostenibilidad del esquema y el costo que implicará, a mediano plazo, recomponer los impuestos postergados en el precio final de los combustibles.