Por resolución del Tribunal Electoral, se aplicará un artículo constitucional que impide votar a policías, penitenciarios y militares en actividad. La medida ya generó fuertes críticas y presentaciones judiciales.
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En una decisión que promete encender el clima político de cara a las elecciones del 8 de junio en Misiones, el Tribunal Electoral provincial resolvió excluir del padrón electoral a 15.999 agentes pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad y armadas que prestan servicio en la provincia. El fundamento: el cumplimiento literal del artículo 48, inciso 10, de la Constitución misionera, que prohíbe el voto de “soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”.
La resolución, firmada el pasado 19 de mayo, fue acompañada por un listado enviado por las jefaturas de cada fuerza, donde figuran los nombres de los efectivos que aparecerán tachados en el padrón electoral que usarán las autoridades de mesa el día del comicio.
Lo llamativo es que este artículo ya fue cuestionado tiempo atrás. En 2006, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) lo había declarado inconstitucional en el fallo “Fiscalía de Estado s/ acción declarativa”. A pesar de ese antecedente, el Tribunal Electoral decidió aplicar la norma sin excepciones, cambiando así la postura adoptada en elecciones anteriores, donde sí se permitía el voto de los uniformados mediante excepciones.
Como era de esperar, la medida generó un fuerte revuelo político. Varios espacios que participarán de la contienda electoral ya confirmaron que acudirán a la Justicia. Uno de ellos es Lucas Vega, concejal de Montecarlo y actual candidato por el espacio “Por la Vida y los Valores”, quien anunció a través de sus redes sociales que hará una presentación judicial para pedir que se revierta la resolución. “Esa cláusula ya fue declarada inconstitucional. El fallo fue claro: la proscripción es arbitraria, discriminatoria y viola normas federales y tratados internacionales”, sostuvo el abogado.
Desde La Libertad Avanza también se pronunciaron en contra, tildando la medida de “inconstitucional, discriminatoria e incongruente con el antecedente jurisprudencial”. Según adelantaron, su equipo legal ya trabaja en un recurso de apelación. En el frente Unidos por Todo evalúan hacer lo propio. En cambio, desde el Frente Renovador —espacio con peso institucional— aún no se expresaron públicamente.
Así, mientras la cuenta regresiva hacia las elecciones sigue su marcha, crece la controversia por una decisión que no sólo afecta a miles de ciudadanos en uniforme, sino que también pone sobre la mesa el debate entre el cumplimiento estricto de la Constitución provincial y el respeto a los derechos políticos básicos garantizados por la Nación y los tratados internacionales.