El conflicto en torno a la educación superior se intensifica. Este jueves 10 de octubre, las universidades públicas del país quedarán paralizadas debido a un paro total convocado por los gremios docentes y no docentes, en respuesta a la reciente ratificación legislativa del veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión, que deja sin efecto el incremento presupuestario destinado a las casas de altos estudios, desató el repudio generalizado entre los sectores afectados.
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Desde la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), anunciaron su adhesión a la medida de fuerza, expresando que “la UBA está de luto”. A través de las redes sociales, el sindicato denunció que los diputados que votaron a favor del Gobierno “desoyeron una vez más el mandato popular” y que su decisión “pone en juego el futuro de todo un país”. Según APUBA, el resultado de la votación “amenaza con destruir la Universidad Pública”, señalando un panorama sombrío para la educación superior en Argentina.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a varios sindicatos docentes de facultades públicas, también se sumó al paro y emitió un comunicado contundente: “Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad”. Además, convocaron a “consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario”, haciendo hincapié en que el veto es un ataque directo contra la educación pública.
Los gremios no sólo critican el veto en sí, sino que también acusan al Gobierno de manejarse de manera “antirrepublicana” al gobernar por decreto. El documento que oficializa el paro lleva la firma de importantes sindicatos como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (FEDUN), la CERA, la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Universidades sin clases y protesta en aumento
La paralización de las universidades este jueves es sólo el primer paso de un plan de lucha que, según los gremios, continuará si no se revierten las políticas de ajuste al sector. Denuncian que, además del veto, el recorte de recursos se extiende al proyecto de Presupuesto 2025, lo que pone en jaque tanto el salario de los trabajadores como el mantenimiento de la infraestructura universitaria.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también se sumó al rechazo generalizado, criticando con dureza a los legisladores que votaron a favor del veto. “Le dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento”, señalaron desde el organismo. En un comunicado, el CIN recordó que el reclamo por mayor financiamiento es un pedido genuino que fue expresado por la sociedad en las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre.
Desde el CIN, además, advirtieron que el 70 % de los salarios docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, y que las partidas presupuestarias actuales no alcanzan para el mantenimiento mínimo de las instituciones. “Nada de eso les importó. Privilegiaron su metro cuadrado, sus argumentos pequeños, su mirada corta y su visión egoísta”, sentenciaron las autoridades universitarias, dirigiéndose a los diputados que respaldaron el veto.
Con un panorama cada vez más tenso, la comunidad universitaria enfrenta no sólo la incertidumbre sobre su futuro, sino también la posibilidad de un conflicto prolongado si el Gobierno no da respuestas concretas a los reclamos del sector. Mañana, las aulas estarán vacías, pero las calles podrían volver a llenarse de voces en defensa de la universidad pública.