A partir de una medida que ya está generando repercusión entre los jubilados, el Gobierno Nacional decidió modificar los criterios para la entrega de medicamentos gratuitos a través del PAMI.
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Desde el 1° de diciembre, este beneficio estará restringido a quienes perciban ingresos menores a $388.500, sumado a la obligación de realizar un trámite de inscripción.
El PAMI justificó esta decisión a través de un comunicado en el que afirmó: “Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos, seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten
Un trámite obligatorio para mantener el beneficio El titular del PAMI, Esteban Leguízamo, brindó más detalles: “Todo aquel afiliado que no pueda pagarlo puede iniciar el trámite para obtener el subsidio social. Quien no está inscripto debe hacerlo. Es un trámite simple que se puede iniciar en la web y luego presentarse en la agencia”. Sin embargo, para muchos jubilados, el proceso no resulta tan simple, especialmente para aquellos con dificultades tecnológicas o de movilidad.
El comunicado detalla que los descuentos del 50%, 60% y 80% en medicamentos seguirán vigentes sin modificaciones. No obstante, quienes aspiren a mantener el acceso gratuito al 100% deberán cumplir con ciertos requisitos.
¿Quiénes pueden acceder al subsidio social?
Según el comunicado oficial, las condiciones para acceder a esta cobertura son:
Ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si el afiliado convive con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
No estar afiliado a una prepaga.
No poseer más de un inmueble, un vehículo con antigüedad menor a 10 años ni bienes de lujo.
No ser titular de activos societarios que indiquen plena capacidad económica.
En los casos en que el afiliado no cumpla con los dos primeros puntos, existe una vía de excepción: si el costo de los medicamentos supera el 15% de sus ingresos, puede solicitar la cobertura total del 100%.
Denuncias y falta de precisiones
Aunque el comunicado oficial no aclara desde cuándo comenzó a implementarse esta medida, varias denuncias de jubilados aseguran que el cambio entró en vigencia el 1° de diciembre. Las críticas también apuntan a la falta de comunicación clara por parte de la entidad, generando confusión y preocupación entre los beneficiarios.
Esta medida forma parte de lo que el PAMI describió como una “gestión planificada y eficiente”, destinada a garantizar la sostenibilidad de los servicios. Sin embargo, para los jubilados, esta readecuación plantea nuevos desafíos y pone en evidencia las dificultades para acceder a derechos esenciales en un contexto económico complicado.