El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó este martes que al menos 20 agentes de la Policía provincial serán pasados a disponibilidad, con retiro de su arma reglamentaria y chaleco antibalas, en el marco de las protestas que protagonizaron efectivos de la fuerza junto a agentes del Servicio Penitenciario por mejoras salariales y condiciones de trabajo.
La medida fue anunciada desde la sede gubernamental en Rosario, donde Cococcioni estuvo acompañado por los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información). El funcionario aseguró que el gobierno provincial trabaja “para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal”, aunque señaló que algunos sectores excedieron los límites de un reclamo legítimo.
Según el Ministerio de Seguridad, la protesta se inició el lunes por la noche alrededor de la Casa de Gobierno provincial en Santa Fe y continuó la mañana del martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario. Allí, agentes activos, retirados y familiares se manifestaron, se registraron cortes de tránsito y quema de cubiertas, y se constató que patrulleros fueron estacionados frente a la dependencia policial, impidiendo la salida de móviles destinados al patrullaje.
Cococcioni calificó como “acciones violentas y antijurídicas” algunas de las conductas durante las movilizaciones e indicó que se coordina con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar posibles ilícitos penales vinculados a el abandono de servicio y la instigación de desestabilización de la política de seguridad.
El ministro enfatizó que, si bien el reclamo por salarios y condiciones laborales es legítimo, la participación activa de efectivos uniformados en una protesta que afectó el normal funcionamiento del servicio policial representa una transgresión a sus deberes. “Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”, señaló en conferencia de prensa.
El conflicto se da en un contexto en el que los salarios de las fuerzas de seguridad provinciales han sido objeto de debate frente a índices inflacionarios persistentes en Argentina, aunque no existen cifras oficiales actualizadas que detallen la brecha exacta entre remuneraciones y costo de vida en Santa Fe. Diferentes asociaciones policiales sostienen que sus haberes están por debajo de lo necesario para cubrir necesidades básicas, generando malestar interno.
El pase a disponibilidad implica que los agentes quedan fuera de las funciones operativas y sujetos a sumarios administrativos, mientras se evalúan posibles sanciones adicionales. El Gobierno no descartó que el número de efectivos implicados pueda aumentar a medida que avance la investigación.
El anuncio de sanciones por parte del Ejecutivo de Santa Fe busca enviar una señal de firmeza ante movilizaciones que, aunque motivadas por reclamos laborales, derivaron en conductas que la administración considera incompatibles con la disciplina que exige la función policial. El conflicto plantea desafíos para la seguridad pública en la provincia, así como la necesidad de encontrar mecanismos de diálogo y solución frente a demandas de las fuerzas de seguridad en un contexto socioeconómico complejo.