Se cumple medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar. El contexto previo, el terrorismo de Estado, la articulación regional y el histórico Juicio a las Juntas marcan una de las etapas más oscuras y determinantes de la Argentina contemporánea.
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976 que derrocó al gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón y dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La irrupción militar fue encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, quienes instauraron un régimen que luego sería caracterizado por la Justicia como terrorismo de Estado.
Durante ese período se desplegó un sistema represivo ilegal basado en secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Funcionaron cientos de centros clandestinos de detención en todo el país, entre ellos la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), convertida en símbolo del horror. La represión no sólo apuntó a organizaciones armadas, sino también a militantes políticos, sindicales, sociales y ciudadanos sin participación activa, con el objetivo de disciplinar a la sociedad y reconfigurar el modelo económico. En paralelo, se disolvió el Congreso y se anuló la libertad de expresión.
El golpe se produjo en un contexto de profunda crisis institucional, económica y social. El gobierno de Martínez de Perón atravesaba un marcado deterioro político tras la muerte de Juan Domingo Perón, con internas dentro del peronismo y una pérdida sostenida de autoridad. A esto se sumó una escalada de violencia política protagonizada tanto por organizaciones guerrilleras como Montoneros y el ERP, como por grupos parapoliciales como la Triple A, responsables de asesinatos y persecuciones.
En el plano económico, el llamado “Rodrigazo” de 1975, impulsado por el entonces ministro Celestino Rodrigo, profundizó la crisis: incluyó una devaluación superior al 100%, disparó la inflación al 182% anual y provocó una fuerte caída del salario real. La CGT respondió con el primer paro general contra un gobierno peronista, en un escenario de creciente conflictividad social, caída de reservas y déficit fiscal.
Ese mismo año, el Operativo Independencia en Tucumán marcó el inicio de la intervención directa de las Fuerzas Armadas en tareas represivas internas, bajo la orden de “aniquilar el accionar subversivo”. Este antecedente fue clave en la lógica que luego se institucionalizó tras el golpe.
A nivel regional, la dictadura argentina se integró al Plan Cóndor, un esquema coordinado entre países del Cono Sur —Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, entre otros— para perseguir opositores políticos más allá de las fronteras. Este sistema contó con el respaldo estratégico de Estados Unidos en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en plena Guerra Fría.
Las primeras denuncias sobre desapariciones fueron impulsadas por familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) documentaron casos desde los primeros años, mientras que en 1977 surgieron las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a visibilizar internacionalmente los crímenes del régimen. Posteriormente, las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron la búsqueda de niños apropiados durante la dictadura.
Con el retorno de la democracia en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó el histórico Juicio a las Juntas. En 1985, tras ocho meses de audiencias y más de 800 testimonios, el tribunal condenó a Videla y Massera a reclusión perpetua, entre otras sentencias. El fallo estableció que existió un plan sistemático de represión ilegal, con miles de casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios.
Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), se documentaron inicialmente 8.961 casos de desaparecidos. Sin embargo, documentos desclasificados de Estados Unidos elevaron esa cifra a 22.000, mientras que los organismos de derechos humanos sostienen hasta hoy la cifra simbólica de 30.000 desaparecidos, en función del carácter clandestino del sistema represivo.
En cuanto a la apropiación de menores, Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado restituir la identidad de 140 nietos hasta julio de 2025, aunque se estima que cerca de 500 bebés fueron robados durante la dictadura y aún más de 300 personas continúan sin conocer su origen.
A medio siglo del golpe, la memoria colectiva sigue en construcción. Las cifras, los juicios y la búsqueda de verdad y justicia continúan siendo pilares fundamentales para comprender el pasado reciente y sostener el compromiso democrático en la Argentina.