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El ministro Petri decretó auditorías para determinar qué sucedió con esos fondos y con lo que supuestamente se había adquirido
Autoridades del Ministerio de Defensa encontraron irregularidades por 200 millones de pesos. Se ha iniciado una investigación para esclarecer el destino de esos fondos y de los bienes supuestamente adquiridos. Según fuentes de la cartera dirigida por Luis Petri, se refiere a contratos firmados en la gestión de Cristina Kirchner con compañías para suministrar equipamiento militar, incluyendo drones, aviones y remolcadores.
Según la información disponible, el Estado desembolsó una cantidad considerable en materiales y en la actualización de unidades, incluido el financiamiento de 200 millones de pesos para el desarrollo del Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA).
El objetivo del programa SARA era la creación de dos prototipos de drones, sin embargo, no se lograron concluir. También se está investigando la asignación de fondos millonarios para el desarrollo de los aviones Pampa y Pucará IA100, los cuales no fueron entregados.
En 2015, el Gobierno firmó un acuerdo con INVAP para crear dos prototipos de Sistemas Aéreos No Tripulados en 7 años, con un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos. Se pagaron 200 millones a través del Ministerio de Defensa, pero en 2016 el contrato quedó en espera. En noviembre de 2017, bajo la dirección de Oscar Aguad, el Ministerio solicitó a INVAP un informe detallado sobre el avance del contrato SARA y sus costos correspondientes.
Petri señaló a El Observador que a pesar del convenio con el Fondo de Integración Sociourbana (FISU, liderado por Juan Grabois), se desembolsaron más de 20 millones de dólares de un contrato de 34 millones antes de darlo de baja. Según afirmó, el contrato no guardaba relación con las actividades usuales de Tandanor en defensa, como mantenimiento o construcción naval, sino que se destinó a la elaboración de 1800 pérgolas, 600 refugios para ómnibus y 5250 bicicleteros para municipios del Gran Buenos Aires.
Respecto a los drones, se han destinado “más de 21 millones de dólares en iniciativas para desarrollar drones”. Actualmente, no contamos con ningún dron de origen nacional, y el desafío radica en lograr la fabricación y producción de drones en Argentina para garantizar el control y vigilancia de nuestras fronteras terrestres y aéreas marítimas.
En FADEA, se destacó que más de 260 millones de dólares desembolsados durante la administración anterior no se reflejaron en beneficios tangibles. La falta de aviones, IA 100, Pampas y remolcadores por pagar, revelan un escenario preocupante. Dichos recursos solían destinarse a cubrir déficits operativos de empresas de defensa, sumando más de 160 millones de dólares.
“Esa Argentina en donde los recursos que se destinaban para la defensa iban a la fabricación de pérgolas no va más, esa Argentina, en donde los recursos de las Fuerzas Armadas terminaban en cajas de la política se terminó, se acabó”, enfatizó.
Se han solicitado auditorías a la Fábrica Argentina de Aviones, al Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor, y a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE) en respuesta a la situación actual. Tras estas auditorías, se considerará la posibilidad de emprender acciones legales.
Se está examinando específicamente la naturaleza de los acuerdos celebrados entre el Gobierno argentino, a través de la Fuerza Aérea y la Armada, con FADEA y Tandanor para la modernización de 17 aeronaves Pampa y Pucará, así como de aproximadamente 14 embarcaciones, incluida la coberta ARA Parker.
Además, en el período entre 2020 y 2023, el Ministerio de Defensa ha transferido alrededor de 166.391.225 dólares a Fabricaciones Militares y a la Fábrica Militar de Aviones.
fuente: NA