En un país donde la inflación sigue devorando salarios y la pobreza golpea a millones, el Gobierno de Javier Milei decidió priorizar la inteligencia estatal con una jugosa inyección de $7.366 millones.
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No es cualquier organismo el beneficiado: se trata de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuyo manejo de fondos es históricamente opaco y donde, casualmente, los “gastos reservados” se llevan una parte importante del aumento.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, formaliza esta ampliación presupuestaria bajo el programa “Información e Inteligencia”. ¿El objetivo? Según el Gobierno, fortalecer los servicios de defensa y seguridad. En la práctica, la cifra millonaria se desglosa en partidas para sueldos ($885 millones), bienes de consumo ($1.145 millones), servicios no personales ($4.323 millones) y, entre estos últimos, el rubro más cuestionado: $1.625 millones para gastos reservados.
Plata para espionaje, ajuste para el pueblo
Mientras la SIDE se lleva su tajada, el ajuste sigue su marcha implacable. Con recortes en educación, salud y jubilaciones, el Ejecutivo de Milei parece tener claras sus prioridades: achicar el Estado donde molesta y engordarlo donde conviene. En este caso, en una de las áreas menos controladas del aparato estatal.
Los gastos reservados, históricamente, han sido una caja negra del poder. Estos fondos, utilizados para operaciones de inteligencia y contrainteligencia, están sujetos a la fiscalización de la Comisión Bicameral del Congreso. Sin embargo, la falta de transparencia ha sido una constante en todos los gobiernos. La pregunta obligada es: ¿qué justifica semejante aumento en este contexto?
¿Blindaje o control político?
El incremento de los fondos en inteligencia no es menor. Se da en un momento en el que Milei enfrenta creciente oposición por sus políticas de ajuste y un escenario social cada vez más tenso. ¿Se trata de una estrategia para robustecer el aparato de vigilancia ante eventuales estallidos? ¿Es una apuesta para fortalecer su control interno sobre el Estado?
Desde la Casa Rosada, la respuesta es la previsibilidad burocrática de siempre: mejorar la capacidad operativa del organismo. Pero en la calle, el malestar crece, y la sensación de que el gobierno prioriza la seguridad estatal sobre el bienestar ciudadano se hace cada vez más palpable.
En definitiva, mientras el ajuste aprieta a los de abajo, los de arriba siguen manejando millones con discrecionalidad. El problema no es solo el dinero, sino el destino de esos fondos. ¿Quién controla a los que nos espían?