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En un anuncio que ha generado un fuerte debate, el presidente Javier Milei confirmó este jueves por la noche que vetará la ley aprobada por el Senado que establece un incremento del 8,1% en las jubilaciones. Según el mandatario, la medida aprobada por el Congreso Nacional tiene como “único objetivo destruir el programa económico” de su administración.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la administración de Milei subrayó el compromiso del presidente de mantener el superávit fiscal “a toda costa”. “El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional”, afirmó el Gobierno, argumentando que la norma establecería “gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”. Esto, según la administración, obligaría al Estado a recurrir a la emisión monetaria, al aumento de impuestos o al endeudamiento, prácticas que consideran responsables de la crisis económica del país en las últimas décadas.
La ley en cuestión propone una actualización mensual de las jubilaciones basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar a la metodología establecida por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente, pero agrega una compensación extra del 8,1%. Este adicional se justifica debido a que el aumento del 12,5% otorgado previamente no cubrió la inflación del 20,6% registrada en enero.
Sin embargo, el Gobierno de Milei sostiene que esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que en términos dinámicos podría representar un 25% del PBI. “Esto obligará al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos, quienes hoy en su mayoría son pobres”, advirtió el comunicado.
En defensa de su gestión, el Gobierno destacó que desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales, a pesar de la reducción del gasto público y los esfuerzos por controlar la inflación. Milei calificó la iniciativa legislativa como “una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal”, y reiteró que su administración no tiene miedo de asumir los costos necesarios para “sacar a este país de la decadencia”.
El veto del presidente ha generado diversas reacciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó la postura del Gobierno en sus redes sociales, afirmando que “el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable”. Durante una conferencia de prensa, Adorni señaló que cualquier medida que ponga en riesgo las cuentas públicas será vetada, utilizando la facultad del Poder Ejecutivo de rechazar total o parcialmente leyes aprobadas por el Congreso.
El proyecto aprobado por el Senado contiene varios artículos polémicos, como el que establece un aumento automático de las jubilaciones del 50% sobre la variación del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) en marzo de cada año, o aquel que garantiza un haber mínimo equivalente al costo de la canasta básica total del adulto incrementado en un 9%. También, el artículo que obliga a la ANSES a cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y pagar sentencias firmes a favor de jubilados.
A pesar de la resistencia del Gobierno, el Congreso aún tiene la posibilidad de insistir en la sanción de la ley. Para ello, ambas Cámaras necesitarían alcanzar una mayoría de dos tercios de los votos. En caso de no lograrlo, el veto de Milei se mantendría y la ley no podría volver a ser tratada en el resto del año.
El debate sobre esta ley ha reavivado la discusión sobre el equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la protección de los sectores más vulnerables, en un contexto de crisis económica que sigue impactando fuertemente en el país.