La Cámara de Diputados dio hoy media sanción al proyecto que busca regularizar la tenencia legítima de armas de fuego y extender hasta 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
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La propuesta, que obtuvo 142 votos a favor entre legisladores del oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, fue rechazada por Unión por la Patria, con la excepción de la diputada Ana Aubone, que se abstuvo, y el Frente de Izquierda.
Este proyecto modifica la Ley 26.216, presentada el 15 de mayo con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, y el presidente Javier Milei. La iniciativa incorpora un proceso más ágil para la regularización de la tenencia legítima de armas a través de una declaración virtual. Además, propone que los usuarios que renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos a su vencimiento no tendrán que volver a acreditar su idoneidad en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. Este programa permite a quienes posean armas no autorizadas entregarlas de manera voluntaria y anónima para su posterior destrucción, sin enfrentar consecuencias legales. La ANMaC otorga un incentivo económico mediante un cupón canjeable por efectivo para estimular la entrega voluntaria de estas armas.
Para participar, los usuarios deben ingresar al sistema de forma virtual con el número de serie del arma. Si el arma tiene un pedido de secuestro, se pone a disposición de la Justicia. Una vez entregada, el arma es inutilizada de inmediato frente al usuario y luego destruida en hornos de alta temperatura.
Debate y críticas desde la oposición
El proyecto no estuvo exento de debate en la Cámara. Unión por la Patria, a través de su jefe de bloque Germán Martínez, y diputados como Matías Molle, Juan Manuel Pedrini, Pablo Yedlin y José Glinski, intentaron incorporar una propuesta que permitía resguardar las armas no registradas en depósitos del Registro Nacional durante el proceso de regularización. Sin embargo, la moción fue rechazada en la votación.
La diputada del PRO y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró que poseer un arma no registrada es un delito y que el proyecto ofrece dos soluciones: la entrega voluntaria de armas en desuso y la regularización de las no registradas. Sin embargo, dejó en claro que este proyecto no aborda la portación de armas, que está regida por una normativa diferente.
Por su parte, Martín Soria, vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, alertó sobre las consecuencias del uso de armas en Argentina, señalando que cada día se producen ocho muertes por armas de fuego, y que uno de cada cuatro femicidios en el país es cometido con armas de fuego. En ese sentido, Soria llamó a intensificar las políticas para sacar las armas de las calles, subrayando que “cada arma que se logra retirar contribuye a una sociedad más segura para todos los argentinos”.
Desafíos en la lucha contra las armas
La ANMaC, como entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene la responsabilidad de registrar, fiscalizar y controlar todas las actividades relacionadas con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados. Según datos oficiales, en Argentina hay alrededor de 800.000 armas no registradas, lo que representa un desafío considerable para las políticas de desarme civil.
El debate en torno a este proyecto pone en foco la necesidad de un mayor control sobre la tenencia de armas y el compromiso del Estado en la reducción de la violencia armada, una problemática que afecta profundamente a la seguridad ciudadana en el país.
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