A pocas horas del inicio de la crucial sesión en el Congreso que definirá el futuro del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a fijar la postura del gobierno en un tema que ha generado intensos debates. Si bien aseguró que la administración de Javier Milei está “a favor de las universidades públicas”, dejó en claro que buscan auditar sus cuentas para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
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Caputo aprovechó un posteo en la red social “X” (antes Twitter) de la diputada cordobesa Alejandra Torres para reafirmar su posición. En su mensaje, el funcionario respondió: “Estimada Alejandra, tu postura hacia las Universidades no es muy diferente a la del gobierno nacional. Nosotros también estamos a favor de las universidades públicas. Solo queremos que se auditen los gastos, porque es lo que corresponde dado que la plata es del contribuyente y no nuestra”.
El jefe de la cartera de Economía fue aún más claro al indicar que cualquier aumento en el financiamiento deberá estar respaldado por un análisis profundo de cómo se costeará. “Si entre todos concluimos que las Universidades necesitan más plata, se debe proponer cómo se financia ese nuevo gasto, como lo indica la Ley de Administración Financiera y el propio Reglamento del Senado”, expresó Caputo, defendiendo una política de control sobre los recursos públicos.
En su cierre, Caputo remarcó que el veto presidencial “NO es contra el financiamiento universitario, sino contra la ley propuesta, porque precisamente, NO incluye el financiamiento universitario”. Esta declaración busca matizar la controversia generada en torno a la medida que ha movilizado a miles de estudiantes en todo el país.
Por su parte, la diputada Alejandra Torres había anunciado que, por problemas de salud relacionados con Covid, no podrá estar presente en la sesión, una ausencia que favorece la postura del oficialismo y podría influir en el desenlace de la votación. Con el panorama aún incierto, el Congreso se prepara para una jornada clave que marcará el destino de la ley y el futuro del financiamiento educativo en Argentina.