La ex secretaria adjunta del SOEMP, Graciela Benítez, denunció irregularidades en la negociación y advirtió sobre posibles medidas de fuerza
El reciente acuerdo paritario alcanzado entre el Ejecutivo municipal y la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (SOEMP) generó un fuerte rechazo en sectores de trabajadores que cuestionan tanto el contenido del acta como el proceso de negociación. La ex secretaria adjunta del gremio, Graciela Benítez, se pronunció en contra del entendimiento y apuntó a una falta de representación de las bases.
En declaraciones a El Informante Digital, Benítez sostuvo que el acuerdo “no es justo ni correcto”, al tiempo que criticó la incorporación de beneficios correspondientes al año 2025 dentro de la negociación actual. En particular, señaló el traslado de un ítem de tickets por 45.000 pesos acordado el año pasado hacia el esquema salarial vigente, lo que —según afirmó— distorsiona la recomposición real del salario.
El cuestionamiento se da en un contexto de marcada pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores municipales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la canasta básica total para una familia tipo en Argentina superó los 800.000 pesos mensuales a comienzos de 2026, mientras que los ingresos del sector continúan muy por debajo de ese nivel, profundizando la brecha.
Otro de los puntos objetados por la ex dirigente gremial es la inclusión, dentro del acuerdo, de un 5% vinculado a descuentos previsionales. “No es un aumento, es una devolución que ya nos correspondía”, afirmó, en referencia a una normativa provincial que establece la reducción del aporte del 19% al 14%. En ese sentido, remarcó que este concepto no debería ser considerado parte de la negociación paritaria.
Además, Benítez cuestionó la estructura de los incrementos acordados, al indicar que no impactan sobre el salario básico sino en conceptos no remunerativos o adicionales. Esta modalidad, advirtió, limita el efecto real sobre el ingreso total del trabajador y reduce el impacto en otros ítems como antigüedad o presentismo.
El eje más crítico de sus declaraciones apuntó a la conducción actual del sindicato, a la que acusó de haber firmado el acuerdo sin consulta previa a las bases. Según explicó, en instancias anteriores las propuestas del Ejecutivo habían sido rechazadas por trabajadores y delegados, pero finalmente se avanzó en un acuerdo “a puertas cerradas” que no refleja los planteos del sector.
En esa línea, sostuvo que en las actas de conciliación no figuran las demandas formales del sindicato, sino únicamente la propuesta del Ejecutivo municipal, lo que —a su entender— evidencia una negociación sin equilibrio entre las partes.
Frente a este escenario, los sectores disconformes analizan avanzar por la vía institucional. Benítez indicó que recurrirán al Ministerio de Trabajo para evaluar los pasos legales correspondientes una vez finalizados los plazos de la conciliación obligatoria previstos por la Ley 14.786. De no mediar una revisión del acuerdo, no se descartan medidas de fuerza como paro, quite de colaboración o huelga.
El conflicto expone no solo la disputa salarial en el ámbito municipal, sino también una creciente tensión interna dentro del SOEMP, donde sectores de trabajadores comienzan a cuestionar abiertamente el rol del sindicato y su alineamiento con el Ejecutivo local. En este marco, la discusión trasciende lo económico y pone en debate la legitimidad de la representación gremial.