La protesta pacífica busca la reincorporación a la fuerza y cuenta con el respaldo del diputado provincial Ramón Amarilla. El reclamo expone nuevamente las secuelas judiciales y laborales del acuartelamiento policial.
Dos ex integrantes de la Policía de Misiones se encadenaron este lunes frente a la Casa de Gobierno, en pleno centro de Posadas, en el marco de una protesta pacífica para exigir su reincorporación a la fuerza. La medida, que fue difundida a través de redes sociales por los propios manifestantes, se mantendrá de forma indefinida hasta obtener una respuesta oficial por parte del Ejecutivo provincial.
El reclamo se inscribe en las consecuencias del levantamiento policial ocurrido en mayo de 2024, un episodio que tuvo alto impacto institucional en la provincia. En aquel entonces, efectivos activos y retirados protagonizaron un acuartelamiento en demanda de mejoras salariales, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación interanual en ese período superaba el 280%, lo que generó un clima de tensión en distintas fuerzas de seguridad del país.
De acuerdo con lo manifestado por los propios protagonistas, ambos ex policías fueron apartados de sus funciones y posteriormente detenidos en el marco de una causa judicial por presunta sedición. La imputación se vincula directamente con su participación en las protestas y medidas de fuerza desarrolladas durante el conflicto.
Durante la manifestación, los ex uniformados cuestionaron la legalidad del proceso judicial que enfrentan y denunciaron lo que consideran una persecución por haber reclamado mejoras laborales. “Estamos pidiendo que se revise nuestra situación y se nos permita volver a trabajar”, expresaron en uno de los videos difundidos.
El reclamo cuenta con el respaldo público del diputado provincial Ramón Amarilla, quien acompañó la protesta y solicitó la revisión de los casos. El legislador ya había tenido participación activa durante el conflicto policial de 2024, posicionándose como uno de los interlocutores entre los manifestantes y el Gobierno.
Especialistas en derecho constitucional consultados en su momento señalaron que el delito de sedición, contemplado en el Código Penal argentino, implica un alzamiento público para impedir la ejecución de leyes o el ejercicio de autoridades, una figura que suele generar controversia cuando se aplica a protestas de fuerzas de seguridad.
Hasta el momento, el Gobierno de Misiones no emitió una respuesta oficial respecto a la protesta ni sobre la situación de los ex policías involucrados. Mientras tanto, la manifestación continúa y vuelve a poner en agenda el debate sobre las condiciones laborales en las fuerzas de seguridad, los límites de la protesta policial y las consecuencias judiciales de los conflictos gremiales en el sector.
El caso reabre una discusión aún latente en la provincia: cómo resolver las tensiones entre el derecho a reclamar mejoras salariales y las restricciones legales que pesan sobre quienes integran las fuerzas de seguridad, en un escenario donde las secuelas del conflicto de 2024 siguen sin cerrarse por completo.