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En Argentina, la salud ya no solo enfrenta problemas de infraestructura y financiamiento, sino que ahora se evidencia una clara brecha entre quienes pueden acceder a la medicina privada y quienes dependen del hospital público. Con un sistema sanitario tripartito —público, sindical y privado— que hace años da señales de desgaste, la polarización entre clases sociales en el acceso a la atención médica es cada vez más pronunciada.
Según datos oficiales, el 36% de la población argentina, cerca de 16 millones de personas, depende exclusivamente del sistema de salud pública, mientras que el 61% se atiende a través de obras sociales y un 13,6% cuenta con cobertura de medicina prepaga. Sin embargo, la crisis económica ha llevado a que más de 200.000 afiliados a prepagas deban abandonar este sistema debido a los incrementos del 115,7% en las cuotas entre diciembre y marzo, retornando a las obras sociales sindicales o al hospital público.
El panorama se agrava cuando se observa que el 97% de los establecimientos privados registrados son comerciales, lo que implica que la salud, en este sector, se maneja como un negocio. Las diferencias entre los servicios disponibles en las distintas jurisdicciones son abismales, con provincias que cuentan con una cantidad de centros de atención que cuadruplican a otras más relegadas.
La emergencia sanitaria que nunca terminó
Desde hace más de 20 años, Argentina vive en una “emergencia sanitaria” declarada. El ministro de Salud, Mario Russo, reconoció que el sistema actual repite los mismos problemas estructurales que se venían diagnosticando desde las décadas de los 80 y 90. La situación se ha visto exacerbada por la falta de coordinación entre la Nación y las provincias, y un modelo de salud híbrido que, aunque brinda una red de atención, es ineficaz en garantizar acceso equitativo para todos los ciudadanos.
La creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias con autoridad vinculante para definir coberturas y la revisión del Programa Médico Obligatorio son algunas de las medidas que se barajan para intentar solucionar los problemas. Sin embargo, el déficit en la atención primaria y en la prevención sigue siendo un tema sin resolver.
PAMI y la tijera en los medicamentos
El PAMI, la obra social de los jubilados, enfrenta su propia crisis. Con un recorte de 47 principios activos en los últimos meses, medicamentos que eran gratuitos, como antidepresivos y analgésicos, dejaron de estar disponibles para los 7,5 millones de jubilados, especialmente afectando a los 5 millones que perciben la jubilación mínima.
La situación actual revela que la grieta no solo es política, sino también social, y ahora se refleja claramente en el acceso a la salud. Mientras que los más pudientes pueden seguir accediendo a la medicina privada, las clases más vulnerables dependen de un sistema público saturado y desfinanciado, profundizando aún más las desigualdades en el país.