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La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lourdes Arrieta, desató una tormenta política al filtrar una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial que estaban siendo desarrollados por legisladores de su propio partido. Los documentos revelados buscan liberar a represores encarcelados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina.
El domingo por la tarde, Arrieta publicó en sus redes sociales capturas de pantalla de chats donde exponía a sus compañeros de bancada mientras organizaban una visita al Penal de Ezeiza para reunirse con ex militares condenados. En su mensaje, Arrieta fue contundente: “Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.
Proyecto de Ley “Plazo Razonable”
Entre los documentos publicados, uno de los más polémicos es el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable”. Este proyecto busca liberar a aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad que aún permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito.
El texto del proyecto propone modificar el artículo 59 del Código Penal Argentino, incorporando un inciso que establece: “Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo”.
Los autores del proyecto sostienen que el plazo de 20 años es razonable, argumentando que supera los plazos máximos establecidos en la jurisprudencia nacional e internacional y en las normas procesales. Según ellos, este límite temporal ayudaría a evitar demoras excesivas en los procesos judiciales, ofreciendo una resolución definitiva a casos prolongados.
Detalles del decreto presidencial
Además del proyecto de ley, Arrieta también reveló un decreto presidencial en el que trabajaban los legisladores libertarios, buscando la aprobación del presidente Javier Milei. Este decreto fue propuesto luego de reuniones con el padre Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en crímenes de lesa humanidad.
El decreto tiene como objetivo garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito. En su primer artículo, establece que “se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”, y que este plazo se aplicará incluso a los casos de delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme.
El documento también puntualiza que este plazo máximo se contará desde la fecha de comisión del delito o desde la mayoría de edad de la víctima, en caso de que fuera menor. Además, establece que el cómputo de este plazo se suspenderá en caso de interrupciones de la vida democrática en la Nación.
Finalmente, el decreto concluye que, una vez vencido este plazo máximo, “operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”. Los legisladores que apoyan este decreto argumentan que la magnitud de los procesos de lesa humanidad ha saturado las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar casos de corrupción y narcotráfico, lo que hace necesario descongestionar su labor.
La respuesta de Arrieta
Tras la difusión de estos documentos, Arrieta aclaró que estas propuestas no forman parte de la agenda del presidente Javier Milei y que no reflejan los ideales de la libertad que defiende su partido. “No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”, afirmó la diputada, distanciándose de las intenciones de sus compañeros de bancada.
La filtración de estos proyectos ha generado un fuerte debate dentro y fuera de La Libertad Avanza, abriendo una grieta en la coalición libertaria y poniendo en tela de juicio la integridad de las políticas impulsadas por sus legisladores.