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En una sesión marcada por tensas discusiones y profundas divisiones, el Senado de la Nación aprobó hoy, por una mayoría de dos tercios, un proyecto de ley que incrementa las jubilaciones en un 8,1% y vincula su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, enfrentará ahora el veto anunciado por el presidente Javier Milei, quien calificó a los diputados que aprobaron la medida como “degenerados fiscales”.
El proyecto, que obtuvo 61 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención en general, se convirtió en un punto de choque entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Aunque la oposición logró blindar los artículos más sensibles del proyecto, que representan un desafío directo para el gobierno de Milei, la aprobación en el Senado deja al Ejecutivo en una posición complicada.
Además del aumento del 8,1% en las jubilaciones, la ley establece que, en marzo de cada año, se aplicará un incremento adicional basado en un 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), sumado a la variación del IPC del año anterior. También se dispone que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) garantice un suplemento dinerario alimentario para quienes perciban un solo beneficio, asegurando que sus ingresos no sean menores al valor de la canasta básica total multiplicado por 1,09.
Otro punto clave de la ley es la instrucción a la ANSES para que cancele las deudas pendientes con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, así como con los beneficiarios que cuentan con sentencia firme, todo dentro de los seis meses posteriores a la promulgación de la ley. Según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación de estas medidas significaría un gasto adicional del 0,43% del PBI.
Ante este panorama, el presidente Milei ha dejado claro que vetará la ley, utilizando por primera vez esta facultad. Semanas atrás, en un intento por frenar el avance de esta iniciativa, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, al Congreso para defender la política de “déficit cero” promovida por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Los funcionarios aceptaron el aumento del 8,1%, pero se opusieron a otros puntos clave del proyecto, argumentando que la retroactividad no sería aplicable y que las jubilaciones no subirían hasta el mes siguiente a la promulgación de la ley.
El debate en el Senado no estuvo exento de controversias. El inicio de la discusión se retrasó debido a que la senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), se negó a ser la miembro informante del proyecto, dejando la tarea en manos del senador Mariano Recalde (CABA), de Unión por la Patria. Recalde presentó el proyecto a las 12:30 horas, respaldado por una mayoría conformada por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal.
Entre los discursos destacados, el senador radical Martín Lousteau (CABA) criticó al gobierno por no aprovechar otras fuentes de financiamiento, como el impuesto a los Bienes Personales, y cuestionó la falta de recursos para aumentar las jubilaciones: “Al que nunca pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales le condonamos. Ahora, darle a los jubilados está mal. El Presidente dijo que el que evade es un héroe. Claro, después falta la plata para pagarle a los jubilados que pusieron el lomo durante muchos años”.
El senador Fernando Salino (San Luis), de Unión por la Patria, se sumó a las críticas, cuestionando la lógica del gobierno de reducir la inflación mientras se recorta el gasto previsional: “Los funcionarios afirman que mejoraron las jubilaciones y, por otro, dicen que disminuyeron el gasto previsional. Es contradictorio y no lograron explicarlo”.
Por su parte, el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis) defendió el programa económico de Milei y Caputo, y criticó a la oposición por sugerir que los problemas económicos comenzaron con la actual administración: “Nos quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía”. Abdala también culpó al Congreso por el retraso en la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, afirmando que si estas leyes se hubieran aprobado antes, los jubilados estarían en mejores condiciones.
La senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) cerró el debate con una dura crítica al presidente Milei, a quien calificó como un “degenerado social”, respondiendo a las declaraciones de Milei sobre los “degenerados fiscales” en Diputados: “Si quienes vamos a votar este proyecto que viene con dos tercios de Diputados somos degenerados fiscales, él es un degenerado social”.
El enfrentamiento entre el Senado y el Ejecutivo marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre ambos poderes, y la decisión final sobre el futuro de esta ley quedará en manos del presidente Milei, quien ha prometido no dejar pasar una legislación que, según él, pone en riesgo la estabilidad fiscal del país.