En un contexto donde la empatía y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad deberían ser la consigna, la reciente convocatoria para renovar documentación médica de beneficiarios de pensiones no contributivas en Jujuy genera más dudas que certezas.
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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha enviado notificaciones a miles de personas en todo el país, exigiéndoles presentarse el 24 de abril en el Policonsultorio Los Lapachos, un centro que, lejos de ser un espacio público, resulta ser propiedad de la familia del diputado Manuel Quintar.
El hecho de que este trámite se realice en un lugar con claros vínculos políticos—y que, según denuncias, provenga de una red de intereses que se remonta al Sanatorio Quintar de los años 90—abre un interrogante incómodo sobre la imparcialidad y transparencia en la administración de los derechos de quienes más vulnerables son. ¿Cómo es posible que a quienes dependen de estos beneficios se les exija concurrir a un establecimiento privado, en vez de un centro de salud del Estado, para actualizar su documentación? La elección de este “policonsultorio” no solo pone en tela de juicio la gestión de la ANDIS, sino que también refuerza la sensación de que el oficialismo no duda en mezclar intereses políticos con la prestación de servicios básicos.
La preocupación se palpa en cada esquina de Jujuy. Los afectados temen perder sus pensiones, y no es para menos: ante la incertidumbre y la falta de aclaraciones oficiales, el ambiente se torna tenso y desconfiado. La decisión de utilizar un anexo de la clínica Los Lapachos—rebrandeada tras la quiebra del Sanatorio Quintar—resulta en un ejemplo claro de cómo se vulnera el principio de igualdad de acceso en la prestación de servicios públicos. Queda la duda de si se tratará de un mero trámite administrativo o de un operativo encubierto para legitimar intereses políticos, dada la relación conocida de Quintar con figuras como Karina Milei en la región.
Mientras tanto, en una provincia gobernada por la UCR, la mezcla de intereses y la falta de transparencia no hacen más que aumentar el escepticismo. Los beneficiarios de pensiones, muchos de ellos en condiciones precarias, se ven obligados a poner en juego su seguridad económica en un escenario donde lo público y lo privado se difuminan peligrosamente. La ausencia de explicaciones claras por parte de ANDIS sobre los criterios para seleccionar este centro y los posibles convenios públicos-privados que lo respalden, no hace más que alimentar el descontento y la sensación de abandono.
Esta situación pone de relieve la necesidad urgente de que las autoridades rindan cuentas y garanticen que los derechos de las personas con discapacidad no se conviertan en moneda de cambio para intereses partidarios. Es indispensable que los trámites que afectan a los sectores más vulnerables se realicen en espacios públicos, democráticos y transparentes, donde la prioridad sea el bienestar de los ciudadanos y no la perpetuación de redes clientelistas. En un país donde la justicia social es un reclamo constante, dejar en entredicho la legitimidad de estos procesos es, sin duda, un llamado a la reflexión y a la exigencia de mayores garantías para todos.