En Argentina, los tiempos de la justicia muchas veces parecen marcar un ritmo propio, uno que no siempre coincide con las urgencias de las víctimas y sus familias.
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Este es el caso de Natalia Saban, una adolescente de 16 años asesinada en 2019, cuyo expediente ha estado marcado por dilaciones, contradicciones y, finalmente, una detención que vuelve a poner su nombre en los titulares.
El pasado fin de semana, Matías Agustín Cano, novio de la joven en el momento del crimen, fue detenido en José C. Paz tras un operativo que comenzó de manera casual. Según los informes, personal policial intentó identificarlo en la estación de tren, pero Cano optó por la fuga, que terminó a pocas cuadras con su captura. Así, se cerró el cerco sobre un prófugo que era buscado desde hace más de cinco años y sobre el que pesaba una recompensa de 5 millones de pesos.
Cano es el segundo detenido en el caso. El primero fue su padre, Miguel Ángel Pavón, quien cayó en 2021, acusado de haberle entregado a su hijo el arma homicida. Sin embargo, el arma nunca apareció, y los interrogantes alrededor del asesinato de Natalia permanecen abiertos.
Un crimen que nunca cerró
El 8 de diciembre de 2019, Natalia Saban estaba en el patio de la casa de su novio cuando un disparo en la cabeza terminó con su vida. Murió horas después en el hospital, y lo que siguió fue un proceso judicial plagado de versiones confusas y pericias contradictorias. Una de las declaraciones más llamativas fue la de un niño de 10 años, hermano de Cano, quien aseguró haber disparado el arma de manera accidental. Pero esta hipótesis fue descartada tras las pericias, que revelaron que, por la altura del menor, no era posible que el disparo hubiera impactado donde lo hizo.
Mientras tanto, la familia de Natalia siguió reclamando justicia. Cada día que pasaba sin avances en la causa se sumaba a un luto interminable, alimentado por la sensación de que la verdad estaba lejos de ser alcanzada.
La deuda de la justicia
La detención de Cano no es solo una pieza clave en el caso de Natalia Saban; es también un recordatorio de las fallas estructurales en el sistema judicial argentino. El hecho de que hayan pasado más de cinco años para detener al principal sospechoso es, en sí mismo, una condena al estado de la justicia en el país. Las demoras, las versiones cruzadas y las brechas en las investigaciones no solo dilatan el cierre de las causas, sino que perpetúan el sufrimiento de las familias que buscan respuestas.
Hoy, con Cano tras las rejas, se abre un nuevo capítulo en esta historia. Sin embargo, aún queda por verse si la Justicia finalmente podrá esclarecer lo que ocurrió aquella noche de diciembre de 2019. Porque en un país donde los casos de violencia de género y femicidios no cesan, el tiempo no debería ser un lujo que las víctimas tengan que pagar.