Mediante el Decreto 494/2025, el Ejecutivo nacional habilitó la venta de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos. Habrá licitación pública y colocación en bolsas. Aseguran que no afectará el servicio, pero crecen las dudas.
5 minutos de lectura
En una decisión que vuelve a encender el debate sobre el rol del Estado en los servicios públicos, el Gobierno nacional oficializó este miércoles la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), mediante la publicación del Decreto 494/2025 en el Boletín Oficial. La medida implica la venta del 90% del paquete accionario que aún mantiene el Estado nacional.
El paso se da luego de una modificación clave en el marco regulatorio que habilitó no solo la participación de capitales privados, sino también la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago, una novedad que ya genera polémica en sectores sociales y sindicales.
Según el decreto, la privatización se realizará en dos etapas. Primero, se abrirá una licitación pública nacional e internacional para colocar al menos el 51% de las acciones en manos de un operador estratégico. Lo que quede sin vender de esa primera parte, se ofrecerá luego en los mercados de valores argentinos, sin lanzar un nuevo Programa de Propiedad Participada para trabajadores o usuarios.
El Ministerio de Economía, que oficia como autoridad de aplicación, tendrá la responsabilidad de asegurar que la transición no afecte la continuidad del servicio público de agua potable y cloacas, un tema sensible para millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde opera AySA.
En los fundamentos, el Ejecutivo justificó la decisión con duros cuestionamientos a la gestión estatal de la empresa. Sostuvo que AySA fue “deficitaria” desde su creación y que, entre 2006 y 2023, el Tesoro Nacional transfirió más de 13.400 millones de dólares para sostener su funcionamiento. Pese a esos aportes, el Gobierno asegura que no se logró mejorar la eficiencia ni la productividad de la firma.
“El deterioro en la eficiencia operativa y el aumento de costos hacen insostenible su continuidad bajo administración estatal”, señala el texto oficial, y agrega que el sector privado tendría mayor capacidad de inversión en infraestructura, algo que hoy la empresa no puede financiar por sí misma.
Con este decreto, la administración nacional continúa su estrategia de desestatización de empresas públicas, bajo la lógica de que el Estado no debe participar en actividades que, según el Gobierno, “pueden ser realizadas de forma más eficiente por privados”.
Mientras tanto, desde distintos sectores ya se escuchan voces en alerta. Sindicatos, organizaciones de usuarios y representantes políticos opositores advierten que esta privatización podría encarecer las tarifas, afectar el acceso de los sectores más vulnerables y comprometer derechos básicos como el acceso al agua.
Por ahora, la pelota queda del lado del mercado. La licitación marcará el rumbo de una empresa que durante años fue símbolo de la presencia del Estado en los barrios más postergados del conurbano, y que hoy se encamina a cambiar de manos en busca de lo que el Gobierno define como “eficiencia”, pero que muchos temen termine en desigualdad.