El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca implementar el divorcio simplificado en sede administrativa y civil cuando ambas partes acuerdan disolver su matrimonio
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El objetivo principal de esta iniciativa es evitar la judicialización de los divorcios, reduciendo el tiempo y los costos que actualmente implican los procesos judiciales.
Este proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia, apunta a simplificar el trámite, que muchas veces se extiende innecesariamente debido a la burocracia del sistema judicial. “El tiempo que demanda el proceso judicial impide a las partes disponer de algunos bienes con total libertad mientras dure el trámite”, explicó la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Además, desde el Ministerio señalaron que la judicialización de los divorcios sobrecarga los tribunales, generando demoras en el sistema y aumentando los costos indirectos para los contribuyentes.
La propuesta del divorcio simplificado permitiría que los cónyuges puedan disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo a través de un trámite administrativo, más rápido y menos oneroso. El proceso se realizaría ante el oficial público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, sin necesidad de pasar por el largo camino judicial.
Este sistema no es nuevo en el mundo. Países como Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón ya cuentan con modalidades de divorcio administrativo o notarial, donde las parejas pueden resolver su situación de manera más ágil.
En defensa de esta iniciativa, el Gobierno argumentó que la implementación del divorcio simplificado no supone una amenaza para la familia o la sociedad, rebatiendo teorías que asocian la facilitación del divorcio con la destrucción de estos pilares. “La ley 26.994, que permitió el divorcio sin necesidad de alegar una causa, sí generó un aumento en los divorcios, pero este incremento estuvo relacionado con separaciones de hecho previas que finalmente fueron formalizadas”, destacaron.
Finalmente, el texto aclara que no es el divorcio en sí lo que provoca efectos negativos en los hijos, sino el deterioro de la relación matrimonial. “Diversos estudios concluyeron que en familias disfuncionales, el daño a los hijos no depende de la presencia o ausencia de divorcio, sino de la situación conflictiva en la que crecen”, concluyeron desde el Ministerio.
Este proyecto de ley promete revolucionar el proceso de divorcio en Argentina, ofreciendo una alternativa más eficiente y accesible para aquellas parejas que buscan disolver su matrimonio de manera amigable.