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El Gobierno Nacional avanza con su política de desregulación en el sector del transporte, eliminando la obligación para las empresas de micros de larga distancia de incluir en el seguro obligatorio la cobertura por riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros. La medida fue comunicada por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 775/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Esta decisión se enmarca en el principio de desregulación establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, promulgado en diciembre de 2023, al inicio de la gestión del presidente Javier Milei. El decreto, que marca un cambio de rumbo en la regulación del transporte, derogó la Resolución 684 sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández. Esa normativa anterior había ampliado el seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad en accidentes ocurridos en servicios de transporte automotor interurbanos de larga distancia.
Con la eliminación de esta regulación, las empresas de transporte ya no están obligadas a informar en los boletos el costo de este seguro, que anteriormente servía para dejar constancia del alcance de la cobertura otorgada a los pasajeros. En consecuencia, las compañías solo deberán ofrecer a los pasajeros los seguros básicos que tengan contratados, lo que podría derivar en una reducción en las tarifas al eliminarse el costo de la cobertura ampliada.
El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, justificó la derogación de la medida tras considerar la opinión de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros. Esta entidad evaluó la compatibilidad de las disposiciones del decreto 70/2023 con la normativa vigente desde octubre de 2022 y concluyó que era necesario armonizar la reglamentación para alinearla con el principio de desregulación previsto en el mencionado decreto.
La normativa oficial recordó que el DNU 70/2023 establece un marco de desregulación amplio, orientado a asegurar la vigencia de un sistema económico basado en la libre competencia y el respeto a la propiedad privada. En este sentido, el decreto dispone la eliminación de todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como de cualquier normativa que distorsione los precios de mercado o interfiera con la iniciativa privada.
La decisión del Gobierno de avanzar con la desregulación en el transporte podría tener un impacto significativo en el sector, tanto en la estructura de costos de las empresas como en la protección ofrecida a los pasajeros en caso de accidentes. Sin embargo, desde el oficialismo se sostiene que estas medidas son necesarias para fomentar la competencia y reducir los costos para los usuarios.