En una nueva medida orientada a simplificar la gestión de trámites previsionales, el Gobierno oficializó la eliminación del Registro de Abogados y Gestores Administrativos mediante la Resolución 982/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial
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La iniciativa busca reducir la burocracia y otorgar más libertad a los ciudadanos para elegir cómo y con quién gestionar sus trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Mariano de los Heros, titular de ANSES, explicó los motivos detrás de la decisión: “Removimos este registro que consideramos innecesario y contrario a la libertad de cualquier ciudadano de elegir quién lo va a representar”. Según el funcionario, la regulación de la profesión de abogado en Argentina ya está a cargo de los colegios profesionales, que otorgan las matrículas correspondientes. Por lo tanto, la existencia de un registro especial para trabajar con ANSES era “absolutamente redundante”.
Menos burocracia, más transparencia
La resolución forma parte de una serie de cambios administrativos que buscan facilitar los trámites para los beneficiarios. De los Heros afirmó que el objetivo principal es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos y promover la transparencia en la gestión pública: “La derogación de esta normativa no solo simplifica los trámites, sino que también evita posibles complicaciones y costos adicionales para los beneficiarios”.
El marco normativo del Código Civil y Comercial de la Nación ya regula los actos entre privados en cuanto a mandatos y representaciones, por lo que la disposición del registro implicaba una duplicación innecesaria de regulaciones, según indica el texto oficial.
ANSES recuerda que los gestores no son obligatorios
Desde ANSES, también subrayaron que no es necesario ni obligatorio contratar abogados o gestores para realizar trámites ante la entidad, pero los ciudadanos tienen el derecho de hacerlo si lo prefieren. La eliminación de este registro se enmarca dentro del proceso de transformación administrativa que establece la Ley 27.742, cuyo objetivo es modernizar y agilizar el funcionamiento de las instituciones públicas en beneficio de los ciudadanos.
Esta decisión representa un nuevo paso en la simplificación de las gestiones públicas, con la mirada puesta en un sistema más accesible, eficiente y transparente para todos.