En un nuevo capítulo de reordenamiento institucional, el Gobierno anunció la disolución de tres programas y fondos estratégicos que habían sido creados con objetivos específicos para el desarrollo económico y social, pero que, según la administración actual, dejaron de cumplir con sus propósitos o presentaron graves irregularidades en su gestión.
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Entre los organismos disueltos se encuentra el PROINE, creado en 2020 bajo la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Este programa tenía como misión invertir en sectores estratégicos para fomentar el empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía fundamentaron su eliminación señalando que, tras cuatro años de funcionamiento, no se registraron ingresos ni operaciones fiduciarias. “Ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia”, se argumentó en el Decreto que oficializó la disolución.
Por otro lado, se decidió cerrar el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, creado para administrar bienes decomisados en causas de trata de personas y lavado de activos relacionados. Desde la cartera que dirige Luis Caputo se denunciaron “múltiples falencias”, entre ellas el incumplimiento del fiduciario respecto al pago a las víctimas y el retraso en los plazos establecidos para efectuar esos pagos. Pese a esta medida, el Gobierno aseguró que los objetivos previstos en la Ley 26.364 continuarán siendo atendidos mediante partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia.
La última disolución fue la del PROICSA, un programa lanzado en 2012 para impulsar la competitividad de la industria azucarera del NOA. Aunque tuvo un rol significativo durante más de una década, su financiamiento, aportado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), culminó en 2020. Desde el Ministerio de Economía explicaron que “el cierre responde a la necesidad de evitar costos adicionales y optimizar recursos, en un contexto donde ya no se justificaba su continuidad operativa”.
Además, señalaron que este Fondo, al igual que los anteriores, enfrentó graves problemas de gestión, entre ellos la ausencia de controles y rendiciones de cuentas que dificultaban evaluar el cumplimiento de los objetivos.
Entre ajustes y reestructuraciones
El cierre de estos fondos pone de manifiesto una política orientada a ajustar estructuras consideradas ineficientes o carentes de resultados tangibles. No obstante, las críticas de especialistas y sectores involucrados se concentran en la falta de mecanismos claros para garantizar que los objetivos originales sean alcanzados a través de los nuevos canales previstos. La continuidad de estos programas será clave para evitar que las áreas más vulnerables se vean desprotegidas en el proceso de transición.