4 minutos de lectura
En una medida que busca revertir prácticas institucionalizadas durante la gestión de Alberto Fernández, el gobierno actual, bajo la dirección del jefe de Gabinete Guillermo Francos, se prepara para derogar una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que beneficiaban a empresas estatales en la contratación de servicios y adquisiciones públicas.
Entre los decretos más polémicos se encuentra el DNU 823/21, que obligaba a los ministerios y organismos del Estado a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros. Esta normativa, según publicó el matutino Clarín, habría sido el origen de un esquema de corrupción que involucraba el pago de comisiones a intermediarios cercanos al ex presidente Alberto Fernández y otros políticos de su gobierno. Uno de los nombres que más resuena en este entramado es el del broker Héctor Martínez Sosa, señalado por la Justicia como beneficiario de las maniobras que favorecían a sus allegados.
La iniciativa para derogar este decreto no es nueva. Bajo la gestión del anterior jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ya se había discutido la posibilidad de anular la normativa. No obstante, el proceso no se concretó en ese momento, y se optó por prohibir la incorporación de brokers en los seguros de organismos públicos a través de una resolución emitida el 11 de abril. La explicación oficial para no derogar el decreto entonces fue que una anulación podría afectar convenios en curso y que no era necesario para prevenir irregularidades.
Además de la derogación del DNU 823/21, el gobierno actual planea eliminar otras normativas impuestas durante la administración de Fernández que favorecían a empresas estatales en compras y contrataciones de la administración pública nacional. Entre ellas, se incluye la obligación de que el Estado pague los salarios de sus empleados a través del Banco Nación, así como la adquisición exclusiva de combustible para vehículos oficiales de la petrolera YPF, establecida por el Decreto 1189/21.
Otro decreto que será derogado es el 1191/2012, que obliga a las reparticiones nacionales a comprar sus pasajes de cabotaje y vuelos internacionales exclusivamente a Aerolíneas Argentinas. Con la eliminación de estas normativas, se abrirá la posibilidad de que todas estas contrataciones se realicen mediante licitaciones públicas, permitiendo la competencia de distintos oferentes en cada rubro.
Esta serie de derogaciones responde a una política de mayor transparencia y competencia en las contrataciones públicas, alineándose con las promesas del gobierno de eliminar prácticas que faciliten la corrupción y favorezcan a determinados grupos o empresas en detrimento de la competencia y la transparencia.